Mediante un real decreto, el Consejo de Ministros aprobó ayer un paquete de medidas urgentes con el fin de garantizar precios justos a los agricultores y ganaderos. Se pretende conseguir que se cubran los costes de producción y, a su vez, se suprimirá la ‘venta a pérdidas’.
La principal novedad del real decreto que modifica la Ley de la cadena alimentaria es la obligación de cada operador de pagar al inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste de producción.
También previene que el operador que haga la venta final al consumidor repercuta a los anteriores operadores su riesgo empresarial. Es decir, que traslade lo derivado de su estrategia comercial de su oferta al público.
Con el objetivo de disuadir, pero también de castigar, el real decreto tiene previsto que las infracciones graves o muy graves sean públicas. Se adelanta, de este modo, a lo que exige la actual normativa europea en la materia.
Para las sanciones que la Administración del Estado imponga, la publicidad de estas sanciones se hará a través de la web del Ministerio de Agricultura.
Otra novedad importante es que el coste de producción quede incluido en el precio como elemento mínimo de los contratos. La Ley originaria ya prevé la composición del precio, el conjunto de factores objetivos y verificables, no manipulables, que tienen que quedar establecidos en el contrato.
En cambio, no incluye el coste de producción, un elemento considerado imprescindible para la determinación del precio.
La norma aprobada ayer incluye a modo de ejemplo una lista de elementos a tener en cuenta para los agricultores. Son las semillas, los fertilizantes, pesticidas, energía o maquinaria.
También, índices que podrían utilizarse para garantizar la objetividad a la hora de determinar los precios. Estos están publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
La fiscalidad será ahora más fraccionada en los pagos de los agricultores jóvenes por las ayuda de la Política Agrícola Común. Ahora podrán pagar en cuatro años.
De este modo, la normativa del IRPF se adapta con el fin de facilitar en este supuesto abonar los impuestos en varios ejercicios. Esto ya sucede en otros sectores parecidos.
El erario público no sufrirá los efectos de esta medida ya que permite el abono de los tributos durante las anualidades de ejecución de las ayudas. En cambio, no disminuye el volumen final de ingresos, tan solo acomoda el marco temporal en que la ayuda es recibida.