El ingreso mínimo vital ha recibido la luz verde del Consejo de Ministros extraordinario de ayer. Con él, se intentará reducir en un 80% la pobreza extrema en España, mediante una prestación que alcanzará a 850.000 hogares. El 16% de ellos son monoparentales y en el 90% de los casos de este porcentaje la familia la encabeza una mujer.
Cien mil de estos hogares recibirán de oficio este ingreso mínimo vital, que oscila entre los 460 y los 1.000 euros mensuales en función de quienes compongan el hogar.
Así lo había adelantado Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del Ejecutivo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030. Lo hizo a través de su cuenta de Twitter poco antes de la rueda de prensa donde se dieron más detalles de esta medida.
El Gobierno calcula que se beneficiarán de esta prestación 2,3 millones de personas, de las cuales un 30% son menores.
De acuerdo con el borrador del proyecto, accederán a este ingreso mínimo vital quienes acrediten estar en una situación de vulnerabilidad y sean residentes legales en España desde hace al menos un año. Se deja fuera a los inmigrantes en situación irregular, aunque hay excepciones.
Es el caso de los solicitantes de protección internacional, víctimas de trata de seres humanos, aquellos que hayan solicitado la autorización de residencia provisional y mujeres extranjeras víctimas de violencia de género.
La edad mínima para percibir esa renta es de 21 años si el solicitante de la prestación está emancipado. Se exceptúa a las mujeres víctimas de violencia de género y víctimas de trata de seres humanos. En este supuesto se requiere que el titular sea mayor de edad. Por la franja alta, el límite se establece en los 65 años.
Incentivo para los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital
A ello se une que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones impulsará estrategias de inclusión de esos beneficiarios mediante un “incentivo” para las unidades de convivencia en las que uno o todos los activos estén trabajando.
También se creará una comisión de seguimiento, presidida por el ministro, y con la presencia del Secretario de Estado de Seguridad Social. Además, se unirá un Consejo Consultivo del ingreso mínimo vital. Será un órgano de cooperación entre las entidades del Tercer Sector de Acción Social.
Esta renta mínima es una prestación de la Seguridad Social. Su coste anual será de alrededor de 3.000 millones de euros y podrá complementarse con otras prestaciones autonómicas.
Otro de los requisitos es no superar un cierto nivel de patrimonio, sin tener en cuenta la vivienda habitual. Servirá, por tanto, también como “test de riqueza”.
Algunas Comunidades Autónomas gestionarán los trámites del ingreso mínimo vital. Es el caso de que el País Vasco y Navarra que ya han alcanzado un acuerdo con el Gobierno. Cataluña y Galicia lo han solicitado y otras, como la Comunidad Valenciana han pedido en la “cogestión”.
Castilla-La Mancha también ha mostrado su disposición a gestionar esta renta. Baleares, por su lado, en palabras de Fina Santiago, consejera de Asuntos Sociales y Deportes, considera “arriesgado” gestionar al 100% este ingreso mínimo.
Podrá solicitarse a partir del 15 de junio y de ser aprobado tendrá carácter retroactivo al 1 de ese mes.