Génova niega el espionaje a Ayuso

Génova niega el espionaje a Ayuso

Génova, en un comunicado, “desmiente tajantemente” que exista “una supuesta investigación sobre los contratos sanitarios adjudicados por la Comunidad de Madrid”.

Sin embargo, fueron altos cargos del PP cercanos a la Dirección Nacional los que contactaron con detectives privados para encargar la investigación, según El Confidencial.

Lo cierto es que a “primeros de octubre”, Génova pidió explicaciones a Isabel Díaz Ayuso acerca lo publicado de un contrato de mascarillas.

El importe ascendería a 1,5 millones de euros y el hermano de la presidente regional habría cobrado 280.000 euros en comisiones.

Ante ese requerimiento, Ayuso lo negó y defendió la legalidad de la adjudicación de su Gobierno, señalan fuentes de la dirección del PP.

“Eso es lo que se nos informa y de eso le pedimos explicaciones”, precisan. A su vez, aclaran que no es tanto una “investigación interna”, sino una petición de aclaraciones.

La jefa del Ejecutivo madrileño instó a la cúpula popular a hablar con su hermano. No obstante, desde Génova insistieron en que querían constatar “con los papeles que todo era legal”, indican dichas fuentes.

Precisamente, ese mismo día Ayuso “bloqueó” en uno de sus móviles a Teodoro García Egea, detallan.

En Génova siguen “esperando”

Tras la petición de explicaciones, señalan a Europa Press que siguen “esperando” a que la presidente “les diga algo”. Al tiempo, niegan “rotundamente que se haya dado orden de espiar” a Ayuso.

De hecho, responsabilizan al entorno de la dirigente en la sede de la Presidencia madrileña de la filtración a los medios.

La cuestión es que, según El Mundo, en diciembre avisaron a la jefa del Ejecutivo regional del supuesto espionaje. Lo habría encargado la Empresa Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento de Madrid.

Trataban de encontrar un extracto de una cuenta bancaria del hermano de Ayuso. Asimismo, la declaración de proveedores ante la Agencia Tributaria de la empresa Priviet Sportive SL.

Es a esta compañía a la que el Gobierno regional otorgó un contrato de 1,5 millones de euros para la adquisición de mascarillas. Buscaban si el hermano de la presidente había cobrado comisiones por su mediación.

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