La Generalitat vuelve a prevaricar y crea un fondo para ayudar a los encausados por el Tribunal de Cuentas

La Generalitat vuelve a prevaricar y crea un fondo para ayudar a los encausados por el Tribunal de Cuentas

Parece como si la Generalitat de Cataluña no quisiera enterarse de que utilizar dinero público para financiar actividades ilegales es prevaricación. Si no fue bastante la condena millonaria a Artur Mas y otros altos cargos de entonces por organizar el 9-N, ahora vuelve a intentar utilizar fondos públicos.

El Tribunal de Cuentas reclama a 34 ex altos cargos de la Generalitat, entre ellos, Oriol Junqueras, 5,4 millones de euros como fianza para afrontar una posible responsabilidad contable por un supuesto uso irregular de dinero público para las ‘embajadas catalanas’ y el Diplocat.

Ahora, el Govern ha creado un fondo dotado inicialmente con 10 millones de euros para ayudarles a afrontar dichas fianzas. Jaume Giró, conseller de Economía de la Generalitat, presentó este martes el Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat de Cataluña (FCRCAT).

La Generalitat asegura la plena seguridad jurídica

Aseguró en la presentación que cuenta con “solidez jurídica”. Destacó que no sólo se pueden acoger a él los ex altos cargos afectados por la reclamación del Tribunal de Cuentas. También podrá hacerlo cualquier funcionario que se encuentre en una situación parecida.

Por su lado, Patricia Plaja, portavoz del Govern, anunció la aprobación del decreto para crear dicho fondo. Lo hizo en rueda de prensa después del Consell Executiu junto a Laura Vilagrà, consellera de Presidencia, y Giró.

“Tiene como principal objetivo proteger a todos los servidores públicos en el legítimo ejercicio de su cargo”, dijo en el anuncio. Añadió que servirá para “cubrir los elementos de indefensión que en estos momentos afectan a servidores y altos cargos”.

Pese a la “seguridad jurídica” con que cuenta según el conseller de Economía, el organismo fiscalizador advierte de que no se puede hacer así. Veremos.

Los 34 encausados por el Tribunal de Cuentas deberán depositar las fianzas reclamadas antes del próximo 16 de julio. Si no cumplen con el requerimiento, el organismo fiscalizador procederá al embargo de bienes.

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