Emiliano García-Page Sánchez, presidente socialista de Castilla-La Mancha, ha emitido un comunicado de prensa en el que se manifiesta acerca del acuerdo alcanzado por PSOE y ERC cara a la investidura y en el que se mencionan consultas y bilateralidad entre Gobiernos.
García-Page ha sostenido durante las negociaciones una postura crítica por las posibles concesiones que el Partido Socialista haya podido hacer a los republicanos catalanes para garantizarse al menos la abstención de sus 13 diputados en el Congreso.
Así, defiende que “cualquier relación de bilateralidad que se quiera plantear tendrá que serlo con todas las comunidades autónomas por igual, y siempre desde la constancia de que el Gobierno de España representa al conjunto del país”.
Sin dejar de abogar por el diálogo para resolver conflictos, mantiene que “para que ese diálogo sea auténtico y eficaz debe incorporar también a todos los representantes del conjunto de los españoles” y se ratifica en que lo que afecta al conjunto de España debe ser objeto de valoración y votación de todas y de todos los españoles”.
Igualmente, el presidente castellanomanchego argumenta que “no se pueden hacer consultas de territorios por separado, salvo las preceptivas reformas de Estatutos de Autonomía previa votación por las Cortes Generales”.
Con todo, da un voto de confianza al Ejecutivo de Pedro Sánchez si supera la investidura y confía en lo dicho por José Luis Ábalos, ministro de Fomento en funciones y secretario de Organización del PSOE, que “cualquier diálogo estará siempre dentro del marco de la Constitución y que el derecho de autodeterminación no será objeto de negociación”.
La declaración institucional de García-Page llegó poco antes de que BNG siguiera sin definir la inclinación de su voto tras una reunión en la mañana de ayer en la que todo parecía que concluiría con el respaldo o la abstención, descartando, así un voto negativo.
A su vez, Coalición Canaria, cuyo comité insular decidía el martes no apoyar la investidura, se reunía en la tarde de ayer para tomar una decisión definitiva que su diputada Ana Oramas trasladaría posteriormente a los socialistas.