Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, ha defendido ampliar los ERTEs como mínimo hasta junio y que las empresas puedan ajustar sus plantillas. Es decir, que se pueda despedir a trabajadores devolviendo a la Seguridad Social las exenciones del ERTE, pero no de todo el personal. Devolver sólo lo correspondiente al trabajador despedido.
Sostuvo que “nos guste o no, va a tener que haber ajustes de plantilla. Esto ya no es marzo y las empresas tienen problemas de solvencia. Lo que no puede ser es que se las obligue a devolver todas las exenciones por haberse acogido a un ERTE. Sería más lógico devolver la parte de esa persona que pudiera salir fuera, porque, si no, en lugar de consolidar puestos de trabajo, vamos a destruir muchos más”.
En los actuales ERTEs, existe la obligación de las empresas acogidas de mantener el empleo durante los seis meses siguientes al reinicio de la actividad. En caso de incumplirlo, tienen que devolver las exoneraciones de todos los trabajadores.
A juicio de Garamendi, es “ilusorio” pensar que, si no hay actividad, las empresas puedan mantener la plantilla. Es más, apuntó, si se tienen en cuenta a los trabajadores en ERTE, la cifra de parados sería de cinco millones.
Así, defendió que lo conveniente es “proteger al mundo de la empresa”, porque los empresarios son los que tienen capacidad de generar puestos de trabajo.
En ese contexto, el presidente de la patronal aboga por extender los ERTEs más allá del 31 de enero, cuando expiran, tras la última prórroga. Así lo ha dicho en declaraciones a Onda Cero, en las que indicó que lo primero de lo que hay que dialogar es de la duración y los plazos. Considera que los ERTEs requieren de un plazo “largo”, como mínimo hasta junio.
Este viernes comenzaron las negociaciones en ese sentido, por lo que Garamendi argumenta los problemas de solvencia que padecen las empresas. En la primera ola, en cambio, los problemas eran de liquidez.
El ejemplo lo ha puesto con el sector turístico, del que dijo que en los primeros once meses del pasado año recortó su facturación un 77%. Así, explicó, “se puede entender que hay una pandemia, pero por orden administrativa se han cerrado 300.000 locales de hostelería, hoteles, el ocio nocturno, el alquiler de coches. Por la misma razón que el Estado dice que cierren, el Estado está obligado a compensarles”.
A su vez, Garamendi destacó que en estas nuevas negociaciones defenderá que las exoneraciones se focalicen en los trabajadores que se quedan en ERTE. No en los que salen de él.