Si el Tribunal Supremo no suspende antes la exhumación.
En la rueda posterior al Consejo de Ministros, Carmen Calvo, vicepresidente del Gobierno, ha anunciado que los restos del dictador Franco serán exhumados del Valle de los Caídos y vueltos a enterrar en el cementerio de El Pardo el próximo 10 de junio. Todo ello, si el Tribunal Supremo no lo suspende antes a consecuencia del recurso que la familia ha presentado.
Según indicó, se procederá sin “comunicación ni convocatoria pública” y se tomarán las medidas precisas para evitar el uso de medios de captación y reproducción de imagen y sonido. La intención es que se pueda “preservar la intimidad” de la participación de la familia y “de los restos del dictador”. No obstante, si la familia quiere, podrá celebrar una ceremonia “íntima” en el lugar donde vuelvan a ser enterrados los restos según sus preferencias religiosas, y destacó que sería solo “para los familiares”.
Calvo explicó que la decisión adoptada por el Ejecutivo constituye la conclusión del proceso abierto para trasladar los restos de Franco contemplado en la Ley de Memoria Histórica e hizo hincapié en que el Gobierno está ejerciendo sus competencias independientemente de las decisiones que tomen otros órganos, en relación al Tribunal Supremo. La fecha elegida es el 10 de junio y el lugar de reinhumación, el panteón de Mingorrubio, de titularidad estatal, en el cementerio de El Pardo, donde ya están enterrados los restos de Carmen Polo, esposa del dictador.
Según señaló la vicepresidente, se pretende, así, distinguir y separar la exhumación de las elecciones del 28 de abril y del 26 de mayo, de forma que se garantice “el transcurso de un tiempo suficiente para salvaguardar el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva de los interesados”. Matizó que “ello sin perjuicio de que dicha fecha pueda ser pospuesta si el Tribunal Supremo suspendiera y/o anulara el acuerdo, en el seno del procedimiento contencioso en curso”.
Indicó que esta decisión no depende del resultado de las elecciones generales, puesto que, si de ellas saliera un Ejecutivo distinto que quisiera revocar la exhumación, debería antes modificar la ley que la sustenta. “Para cualquier Gobierno que esté el 10 de junio, a menos que haya modificado la norma que obliga a hacerlo, lo tiene que hacer”, destacó.
Negó que todo el proceso haya experimentado retrasos o vaivenes políticos y sostuvo que habría sido más rápido si la familia hubiera “asumido la aplicación de la ley”. “La familia y su entorno han utilizado los procedimientos procesales para articular su discrepancia de aplicación de la ley. Estamos en un país garantista desde todo punto de vista”, señaló, por lo que “eso ha ido obligando a todos los plazos de tiempo”.
En relación a otros obstáculos, como la posición de la Iglesia o la licencia urbanística para levantar la lápida, la vicepresidente recordó que la Iglesia no se opone a la exhumacion de los restos y que ha manifestado que acatará la decisión que tome el órgano oportuno, “que es el Consejo de Ministros”. Fuentes del Gobierno han indicado que la Abogacía del Estado solicitará que se acumulen todas las causas ya que, de los 17 jueces que estudiaron el asunto, solo uno, de lo contencioso-administrativo, suspendió la licencia urbanística. Dicha solicitud debe hacerse ante el primer juez que resolvió el asunto.
Calvo se ha felicitado porque con la decisión tomada se pone fin a una situación “extraña de la democracia española” por mantener a un dictador “en situación de exaltación”, algo que el grupo de expertos que trató el tema en 2011 y organismos internacionales como Naciones Unidas han rechazado.
Por último, respecto al destino que se dará al Valle de los Caídos, la vicepresidente ha señalado que se irá por partes: “Hemos empezado por lo más urgente, que era sacar los restos del dictador, que perturban a las verdaderas víctimas de ambos bandos, para después convertirlo en un lugar de reposo y respeto que hasta ahora no ha tenido”, concluyó