A pesar de no entrar directamente entre las competencias del Ministerio de Trabajo, Caballero, como socialista y ugetista, era disciplinado seguidor de este programa en relación a la posible reforma agraria que España necesitaba. Creía firmemente que la solución a sus problemas pasaba por la recuperación de los antiguos terrenos comunales para ser cedidos inmediatamente a los Ayuntamientos, que a su vez los arrendarían colectivamente a los sindicatos agrarios en expresión de un moderno cooperativismo. Así lo expresaba en escritos y discursos, no olvidando este proceso a seguir ni cuando comenzó a preparar los proyectos de normas laborales que sí que entraban dentro de su competencia.
Pero, hasta la primavera de 1932 no comenzaron las discusiones parlamentarias sobre el proyecto de ley de Bases de Reforma Agraria, en las que los republicanos se inclinaban por la creación de pequeños propietarios agrícolas, los socialistas por las explotaciones en común y las minorías de derecha se oponían a cualquier intento de reforma. Si ya de por sí comenzaron tarde y lentamente los debates, la llegada al Congreso del texto del proyecto de Estatuto catalán ralentizó más aún sus discusiones. Ya hemos adelantado, no obstante, que las leyes laborales de Caballero – y su propia actitud personal – sirvieron de preparación para la reforma agraria, siguiendo su propia estrategia y tratando de mitigar el enorme desnivel entre propietarios y jornaleros del campo. El líder sindical facilita todo tipo de medidas para que se aplique lo mejor posible la ley de términos municipales, o las listas de parados que posibilita la ley de colocación obrera. La ley de jurados mixtos hizo mucho daño a los propietarios, por la intervención obrera en muchas decisiones sobre las condiciones del trabajo rural, o en la propiedad rústica, con el apoyo de Ríos desde Justicia.
La negociación colectiva en el campo fue también todo un éxito de Caballero, quien previamente ya había preparado su labor con la promulgación de una OM, a mediados de junio, por la que invitaba a todos los municipios españoles que creyeran haber sido usurpada la superficie de sus comunales, en cualquiera de las reformas anteriores, que reclamasen a una Comisión Técnica Agraria. La Unión veía crecer de forma importante con estas medidas su hegemonía en el mundo rural, a la vez que el censo de sus afiliados. El propio partido explicaba en su medio de prensa que la reforma agraria republicana se basaba en tres decretos: el del laboreo de tierra, el de bolsas de trabajo y el de los jurados mixtos agrarios. Sin embargo, la pretensión de Caballero – aunque obrero urbanita e industrial – iba bastante más allá: trataba de despertar al obrero del campo del eterno letargo que venía padeciendo, convirtiéndole en miembro de una sociedad de clase.
No obstante, estos textos preparativos de la ley de Reforma Agraria sufrieron una importante ralentización, comenzando por la propia Comisión Técnica Agraria que pretendía mantener la titularidad estatal de los suelos comunales con el usufructo campesino, hasta la redacción de un segundo proyecto, de mayor tibieza en el texto y recibido por una mayor radicalización por la comisión. En el otoño de 1931, mientras los propietarios agrupados habían recurrido ya a Alcalá Zamora, Azaña trata de convencer a Caballero de la inoportunidad de su presentación, posponiéndolo a la aprobación de la Constitución. Éste, que aceptaba presentar un texto ligero para endurecerlo luego en los debates parlamentarios, sabe en el fondo que no se llevaría nunca a cabo. La ley se aprobó por fin en septiembre de 1932, tras el intento de golpe de Estado de la “sanjurjada” de agosto, pero aceptando todas las enmiendas de los agrarios, con lo que se consiguió dejar empantanada una reforma agraria muy pensada.
Ya en el bienio contrarreformista, en que la derecha emplearía la táctica de cambiar por decreto todas las reformas laborales, las izquierdas promovieron la aceleración del asunto agrario a la vez que la radicalización socialista, comenzando a poner en práctica muchos de sus postulados originales en 1935. Incluso, en base a ellos, en la segunda semana de julio de 1936 se aprobó una ley de devolución de fincas de antes de 1808.
Durante los primeros meses de República, la voluntad reformadora había unido al partido en su práctica totalidad. Sin embargo, la comentada intransigencia de la derecha clerical y conservadora, dispuesta a proteger los privilegios de la oligarquía para preservar la situación del antiguo régimen con todo tipo de artes, provocó dos reacciones diferentes en el PSOE. Los centristas contrarreaccionaron intentando reforzar el pacto electoral con los republicanos a fin de maximizar sus posibilidades de una próxima victoria electoral. Prieto, su líder, consideraba que había que seguir profundizando en las reformas sociales y económicas iniciadas, hasta que las propias dificultades internas le hicieron abandonar tal dirección. La izquierda del partido, sin embargo, cuyo líder, Caballero – que también presidía el partido desde el Congreso de octubre de 1932 –, había sido blanco de las críticas patronales en el desempeño de sus funciones ministeriales, logró que se pusiera fin a la participación socialista en el gobierno de coalición pues, desencantado de ésta, pretendía la preparación orgánica previa y adecuada para llevar a cabo un programa enteramente socialista. Aprovecharon para ello la coyuntura del encargo a Lerroux de la formación de gobierno. No obstante, y a pesar de su retórica verbal, su práctica política seguía siendo básicamente reformista, pues tanto Caballero como el resto de sus más próximos deseaban por encima de todo la protección del tamaño y la fuerza de su potente organización sindical, construida a lo largo de muchas décadas de esfuerzo obrero.
Los resultados electorales de noviembre de 1933 no dejaron lugar a dudas. Los 115 diputados socialistas de las Constituyentes quedaron reducidos a 58, mientras que el Partido Radical subía a 102. Pero la mayor sorpresa fue el triunfo de un movimiento derechista que se había resistido a declarar su lealtad a la República: la CEDA, con 115 diputados. Es tal la conmoción que estos resultados producen que será el propio Prieto, convencido ahora del peligro que para la República supondría una coalición entre la CEDA y los radicales en un momento en que los fascismos estaban expandiéndose en Europa, quien anuncie la posibilidad de desencadenar entonces una revolución. Únicamente Besteiro, que presidía la ejecutiva de la Unión, ponía reticencias a cualquier intento de movimiento revolucionario, a pesar de que la gran mayoría de los sindicados y su comité nacional apoyaban a Prieto y Caballero quien, una vez forzada la dimisión del profesor, al que sucedió en el cargo, entró en su periodo de mayor poder en la organización socialista, pues reunía en sus manos la presidencia del PSOE, la secretaría general de la UGT y el liderazgo de las Juventudes Socialistas, que comenzaban a llamarle “el Lenin español”.
Necesario se hace reseñar someramente que, a pesar de ser lo más característico, la legislación laboral no agotó la acción socialista desde el gobierno de la República. Prieto aceptó con estupor su nombramiento como titular de Hacienda, si bien proclamó enseguida su incapacidad para ello, dejándose llevar por su incontinencia verbal. Según los analistas, esta declarada inseguridad produjo la inmediata desaparición del 20% de los depósitos financieros, así como una importante depreciación de la peseta. No obstante, su traslado a Obras Públicas le provocó una desbordante actividad, tratando de convertir este Ministerio en el redentor de la España rural por medio de los regadíos, e impulsando la inversión en obra pública como remedio al paro del proletariado urbano.
Los otros dos grandes campos de la actuación socialista fueron las relaciones con la Iglesia y la instrucción pública, ámbitos de gran interés para todas las fuerzas republicanas, aún con los diferentes matices de cada uno de sus heterogéneos componentes. A pesar de esto, sus puntos comunes de acuerdo fueron la secularización del Estado y su separación de la Iglesia, y la libertad de cultos. El propio debate constitucional recogió la disolución de la Compañía de Jesús y la prohibición del ejercicio de la enseñanza a cualquier orden religiosa. Al mismo tiempo, se declaró como tarea prioritaria la escolarización infantil total, lo que suponía la creación de unas 30.000 escuelas para paliar el pavoroso problema del analfabetismo que afectaba aún a la mitad de la población. Fernando de los Ríos, como ministro de Justicia primero, y de Instrucción Pública después, fue el responsable de llevar a cabo ambas e ingentes tareas. El exiguo presupuesto público, además de la propia Iglesia y sus fuerzas reaccionarias, se encargaron de ponerle todas las dificultades posibles para su consecución.
En cualquier caso, la rápida reforma laboral tuvo mayor repercusión entre los obreros agrícolas y propietarios que la propia reforma agraria, expandiéndose fulgurantemente las sociedades obreras ugetistas por Extremadura, Andalucía y la Mancha. Los socialistas, en general, y mucho más los nuevos y fogosos asociados, creían estar llevando a cabo la revolución que venían anunciando desde la creación del partido. Se estaban mejorando las condiciones de vida de la clase obrera, con la consiguiente conquista para ésta de nuevas cuotas de poder, construyendo una sociedad más equilibrada, próspera e instruida, con lo que acercaban el momento de la transición definitiva al socialismo. Aunque bien es cierto que los patronos de estos obreros se sentían, sin embargo, atemorizados por ver en peligro sus propiedades.
En realidad, y prescindiendo del optimismo militante, la situación objetiva era muy otra. La enorme expectación que acompañó a la nueva legislación laboral y la tan controvertida reforma agraria fue pronto seguida de un generalizado descontento. No sólo entre los pequeños propietarios, que vivían en condiciones de pobreza, sino entre los jornaleros sin tierra, que recibieron los sucesivos proyectos de reforma y el comienzo del inventario de tierras en un estado de incertidumbre, alimentado por las organizaciones católicas que culpaban a los socialistas de la ruina de la economía nacional, por más que la gran depresión mundial hiciera llegar también sus síntomas.