Ayer declaró Francisco González, ex presidente del BBVA, ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón en calidad de investigado por los supuestos delitos de cohecho y revelación de secretos en relación a los contratos de Cenyt, empresa vinculada al ex comisario José Manuel Villarejo en el marco de la pieza separada número 9 del caso Tándem.
Lo hizo durante más de dos horas y media y en su declaración sostuvo que “una vez que termine esta investigación quedará muy claro que el Grupo BBVA y sus directivos han trabajado siempre de una manera íntegra y de una manera ejemplar, sin perjuicio, como es lógico, de que hubiera alguna conducta irregular de carácter individual que yo en este momento desconozco”.
Defendía de este modo la integridad de la actuación tanto de la entidad que presidía como de sus directivos. “En mayo de 2018 tuvimos conocimiento de que el Grupo Cenyt había prestado algunos servicios al Grupo BBVA. Inmediatamente abrimos una investigación para determinar el alcance de dichos trabajos. Posteriormente, se abrió una pieza judicial”, declaró brevemente ante los medios después de la vista.
A ello añadió que el BBVA “es una gran institución internacional enormemente respetada que trabaja en beneficio de clientes y accionistas” y que “también presta servicios relevantes a la sociedad”.
La Fiscalía Anticorrupción, ante la que también declaraba González, no ha pedido medidas cautelares para el ex presidente de la entidad bancaria, algo que sí se ha adoptado en el caso de Julio Corrochano, jefe de Seguridad del BBVA, a quien se le impuso una fianza de 300.000 euros y de quien se supone que fue el interlocutor de Villarejo.
Javier Ayuso, director de Comunicación de la entidad, también prestó declaración ante García Castellón y los fiscales. Comparecía, igualmente, Antonio Bonilla, policía que, como segunda actividad, trabajaba para las empresas del ex comisario. Se acogió a su derecho a no declarar al estar la causa bajo secreto de sumario.
Hoy corresponderá la comparecencia de Juan Asúa, asesor de cabecera de Carlos Torres, actual presidente del BBVA, y Eduardo Arbizu, ex responsable de Regulación y Control Interno de la entidad y que fue cesado en julio tras saberse que la entidad bancaria había sido imputada como persona jurídica.
Están citados también Manuel castro, ex jefe de Riesgos del BBVA, y José Manuel Crespo y Eduardo Ortega, que fueron responsables de los servicios jurídicos de la entidad bancaria. Todos ellos acuden en calidad de investigados por los supuestos delitos de cohecho y revelación de secretos.
Será mañana cuando la representación legal del BBVA acuda ante el juez instructor de la Audiencia Nacional, ya que el banco está imputado como persona jurídica por cohecho y corrupción en los negocios.
Hasta diez altos cargos de la entidad bancaria ha sido citados a declararen calidad de investigados. Entre ellos, Ángel cano, ex CEO del banco, además de Inés Díaz Ochagavia, sustituta de Corrochano, y Nazario Campo Campuzano, jefe de grupo de Seguridad.
Ya comparecieron Ignacio Pérez Caballero, director de Red Banca Comercial, Ricardo Gómez Barredo, miembro del Comité de Dirección hasta 2018, Javier Malagón Navas, ex director de finanzas, y Antonio Béjar, ex jefe de Riesgos para España y Portugal y ex responsable de BBVA Real Estate. De todo ellos, este último, junto a González, es el único que no se ha acogido a su derecho a no declarar.