La regulación de los alquileres en 60 localidades de Cataluña ha frenado el mercado, según profesionales y colegios del sector. Esta ley entró en vigor el 22 de setiembre. Entonces, el mercado empezaba a animarse después del estado alarma, la moratoria en la renovación de contratos y el fin de las vacaciones.
Sin embargo, la regulación de los alquileres en Cataluña ha obligado a muchos a retirar sus anuncios. Confían en que el Gobierno central recurra la ley y finalmente se tumbe. Por el contrario, el Sindicato de Inquilinos denuncia que las inmobiliarias están incumpliéndola.
Aún no se conoce el impacto que ha tenido esta regulación y hasta dentro un mes no se podrá cuantificar. A efectos prácticos, la norma congela y a veces rebaja el precio del alquiler, según fuentes oficiales.
El departamento de Territorio de la Generalitat o la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona así lo constatan. Todo apunta a que en los primeros diez días se ha producido un parón.
“Los propietarios se retraen porque quieren tener toda la información y saber qué acaba pasando… y la actividad ha caído en picado”, señala Òscar Gorgues, gerente de la Cámara. También critica la norma porque cambia las reglas de buena parte del mercado y “convierte el índice oficial de precios de orientativo a obligatorio”.
A ello se unen otra reforma normativas que afectan a los propietarios. “El sector inmobiliario está sufriendo renuncias de contratos de estudiantes por la covid, ocupaciones. Tiene miedo a la morosidad, los tribunales están saturados, se han incrementado los costes fiscales. Los grandes tenedores tienen que hacer contratos sociales si los inquilinos no pueden pagar. Se han alargado los contratos de cinco a siete años, se ha impedido la petición de avales a los inquilinos… y ahora la regulación”, enumera.
La regulación de los alquileres causa desconcierto
Además, hay desconcierto en el sector. Así lo afirma Joan Company, presidente del Consejo de Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria en Cataluña. Explica que es comprensible que la ley “se hizo de forma rápida y forzada y ha entrado en vigor de forma inmediata”.
Sin embargo, advierte, en los 60 municipios donde rige, afecta a más de medio millón de contratos. A los propietarios “les ha pillado por sorpresa”. Así, se imparten sesiones formativas a los colegiados.
Todos los involucrados en el sector confían en un recurso del Gobierno o los partidos porque, si no, la ley podría estar vigente dos años. Igualmente, nadie pone en cuestión el derecho de acceso a la vivienda, pero una norma así, apuntan, no es la vía para resolver el problema.
A su vez, los agentes se esfuerzan explicado los propietarios que en las reglas han cambiado. Se puede estar o no de acuerdo con ellas, pero debe cumplirse la ley. Entretanto, los tenedores cierran sus pisos y se mantienen expectantes.