Hay indicios de delito, según el Tribunal de Cuentas, en la contabilidad de la campaña electoral de Unidas Podemos del 28 de abril de 2019. La Fiscalía del organismo fiscalizador ha detectado irregularidades relacionadas con la facturación de Neurona Consulting, a quién contrató esa campaña.
En el marco de la investigación que sigue a las cuentas de la formación morada, el Tribunal de Cuentas señala dos posibles delitos. Se trataría de uno de fraude electoral y otros de falsedad en documento mercantil. Así lo ha consignado en un informe interno enviado a la Sección de Fiscalización de partidos políticos.
La cuestión podría llevar a que se pida a la justicia ordinaria la revisión de la causa.
Según fuentes fiscales han explicado a Europa Press, se ha pedido documentación al Tribunal de Cuentas a partir de lo indicado por éste. Lo apuntaba en su informe de fiscalización acerca de las contabilidades de las formaciones políticas en las elecciones generales del 28-A. Si ve delito, el órgano fiscalizador ya no podría investigar ya que debe hacerlo la justicia ordinaria.
Así las cosas, el fiscal entiende, a partir de la información proporcionada por la emisora, los 290.000 euros facturados a Neurona “no tienen consideración de gasto electoral”. Por tanto, no los admite como “susceptibles de ser financiados con subvenciones electorales” y desliza un posible contrato simulado.
En el informe de fiscalización el Tribunal de Cuentas ya lo señalaba
El Tribunal de Cuentas ya lo apuntó en su informe de fiscalización. Podemos aportó en sus alegaciones vídeos y diseños publicitarios, pero, según este órgano, no quedó “suficientemente acreditada” su efectiva elaboración.
En consecuencia, solicitó al grupo confederal más información respecto a ese gasto. Debía aportarlo en un presupuesto detallado con el desglose de los diferentes servicios a prestar y una valoración económica de cada concepto.
En su informe, el organismo fiscalizador señalaba que “ante dicha solicitud, la formación envió un contrato de prestación de servicios por importe de 363.000 euros”. Éste se había “firmado electrónicamente por las partes contratantes el 6 de mayo de 2019, habiendo sido emitida la factura correspondiente a dicho contrato el 5 de abril de 2019”.
“En el contrato se recogen los mismos conceptos que se hacen constar en la factura presentada, sin valoración económica individualizada de lo contratado”, reza el escrito.
A eso hay que añadir que la emisora se constituyó en el registro mercantil el 19 de marzo de ese año. Sin embargo, no coincide “su objeto social con la presentaciones contratadas”.
Si son pillados en un renuncio que paguen por ello. Y otra cosa, que se sigan todas las actuaciones del tribunal de cuentas, con la misma celeridad que en este caso. Por evitar prescripciones y esas cosillas que pasan.