La Fiscalía se querella contra Rocío Monasterio por falsedad documental

La Fiscalía se querella contra Rocío Monasterio por falsedad documental

De un supuesto delito de falsedad documental acusa la Fiscalía a Rocío Monasterio, líder de Vox en Madrid, por lo que se querellará contra ella. El asunto se refiere a un visado del Colegio de Aparejadores para tramitar los planos de una obra de reforma de un loft del presentador Arturo Valls, según fuentes jurídicas.

Así, la querella se interpone a partir de dos denuncias contra la dirigente de ultraderecha por falsedad documental y estafa.

Más Madrid presentó una denuncia a principios de año. Posteriormente, lo hizo por los mismos hechos el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid.

La Fiscalía de Madrid asumió las diligencias de investigación por la condición de aforada de Monasterio al ser diputada autonómica.

Según consta en la denuncia de Más Madrid, la dirigente de Vox incurrió en un supuesto delito de falsedad documental y estafa por una presunta “falsificación” de un visado del Colegio de Aparejadores en 2005.

Este correspondería a la reforma de un loft del presentador Arturo Valls. Sería, además, el único caso de estas supuestas “irregularidades” que habría prescrito.

Falsedad documental por utilizar un visado caducado

De acuerdo con lo que El País publicó en su día, Monasterio habría seguido utilizando ese mismo visado en trámites posteriores hasta 2016. La denuncia precisa que dicho sello se obtuvo de manera legal en 2005 por parte de una aparejadora que trabajaba en el estudio de la dirigente de Vox.

Ahora bien, “posteriormente, en el año 2011 y en el 2016 la señora Monasterio solicitó una licencia fotocopiando la etiqueta que había recibido la aparejadora en el año 2005”.

Añade a denuncia que la adjuntó “a la cartela de su estudio. Aplicándola a un proyecto absolutamente diferente”. Se detalla que “si hubiera quedado en el 2011 estaría prescrito”.

En cambio, “como reiteraron la solicitud en el año 2016 y este tipo de delitos de aparentemente falsedad documental prescriben a los cinco años”, explican.

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