El rey emérito recibió tres notificaciones desde la Fiscalía del Tribunal Supremo en las que se le informaba de que se le estaba investigando. Poco después, el rey Juan Carlos regularizó dos de las situaciones fiscales de las que era objeto de investigación.
En concreto, las notificaciones se entregaron, con acuse de recibo, al abogado Javier Sánchez-Junco en junio, noviembre y diciembre de 2020. Además, en cada una de ellas se instaba al rey emérito a personarse en las diligencias, pero no lo hizo.
Las notificaciones de junio y noviembre se entregaron antes de que el rey Juan Carlos I hiciera “sin requerimiento previo” una primera regularización fiscal. El importe de la misma ascendía a 678.393,72 euros “incluyendo intereses y recargos”.
A su vez, la tercera notificación, la de diciembre, se entregó, asimismo, antes de la segunda regularización, por importe de casi 4,4 millones de euros. Esta última se produjo en febrero de 2021.
¿Qué pretendía el rey emérito con las regularizaciones?
No es banal que las notificaciones se entregaran antes de las regularizaciones, más bien al contrario. Podría llegar a dejar sin efecto lo que el rey emérito supuestamente pretendía: librarse de una acusación por un posible delito fiscal.
En ese sentido, el artículo 305.4 del Código Penal señala que la regularización neutraliza la acción penal. Eso sí, con condiciones. Esto es, si se ha “procedido al completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria antes de que por la Administración Tributaria se le haya notificado el inicio de actuaciones de comprobación o investigación”.
Asimismo, antes de que el Ministerio Fiscal “interponga querella o denuncia”. O que “realice actuaciones” que permitan al supuesto defraudador tener “conocimiento formal de la iniciación de diligencias”.
En esa interpretación reside la importancia de que las notificaciones se entregaran antes de las regularizaciones. Esto es porque, si se ha tenido “conocimiento formal” de las investigaciones, ya no se puede regularizar la situación con Hacienda. Además, aunque lo hiciera, no tiene el efecto de exoneración del supuesto delito.
No hubo conocimiento formal, pero sí de facto
Así las cosas, podría interpretarse que el rey emérito tuvo conocimiento formal del inicio de las diligencias antes de esas regularizaciones. Sin embargo, podría tenerse en cuenta que esas primeras notificaciones eran muy genéricas.
Según fuentes cercanas a la investigación, Juan Ignacio Campos, teniente fiscal del Tribunal Supremo, notificó al abogado del rey Juan Carlos el inicio de diligencias.
En cambio, y aunque se advertía de las posible “implicaciones penales” que podría suponer, no se detalla el supuesto delito fiscal. Tampoco, en caso de detallarlo, de qué importe o del periodo impositivo investigado.
La maniobra del abogado del rey emérito fue no personarse, como se le invitaba, en las diligencias para defender los derechos del rey Juan Carlos. Es una maniobra legal, pero maniobra a fin de cuentas. Si lo hubiera hecho, habría accedido al contenido de la investigación y no podría alegar desconocimiento.
Con todo, aunque efectivamente no hubiera habido “conocimiento formal” sí lo había de facto, puesto que los medios ya conocían el objeto de las diligencias abiertas.
Dicho esto, la Agencia Tributaria no ha informado todavía acerca de si valida las dos declaraciones paralelas de Juan Carlos I y cierra las investigaciones iniciadas después de ser presentadas.
La Fiscalía tiene que aclarar el origen de los 4,4 millones
Además, la Fiscalía tampoco ha cerrado las tres líneas de indagaciones presentando una querella ante el Supremo o archivándolas. No lo hace porque, precisamente, uno de los flecos es de dónde obtuvo el rey emérito los casi 4,4 millones para la segunda regularización.
Supuestamente fue un préstamo, pero se sospecha que fue una donación que un grupo de empresarios hizo al rey Juan Carlos. Si fuera esto último, debería tributar por ello, aunque sobre este asunto también hay dudas.
Dependería de cuándo se produjo esa supuesta donación, toda vez que el rey emérito lleva en Abu Dabi más de seis meses. De hecho, lleva más de un año. Por tanto, ya no se le considerar residente en España ni se le puede exigir dicha tributación.