La Fiscalía investigará a Juan Carlos I por el cobro de comisiones

La Fiscalía investigará a Juan Carlos I por el cobro de comisiones

La Fiscalía del Tribunal Supremo asume una investigación abierta en diciembre de 2018 por Anticorrupción que incluye investigar a Juan Carlos I. Estas diligencias persiguen aclarar el destino de 80 millones de euros que, según Corinna Larsen, se repartieron, entre otros, el Rey emérito, por la adjudicación del AVE a La Meca a empresas españolas en 2011.

La Fiscalía General del Estado (FGE) señala que la investigación está centrada en delimitar o descartar si hay relevancia penal de los hechos. Estos sucedieron posteriormente al mes de junio de 2014. En ese momento, Juan Carlos I dejó de estar protegido por la inviolabilidad que le reconocía el artículo 56.3 de la Constitución.

En una nota, la FGE indica que “resulta preciso, pues, la práctica de nuevas diligencias que afectan directamente al Rey Emérito, quien -como es sabido- se encuentra aforado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo”.

Dolores Delgado, Fiscal General del Estado, dictó el pasado 5 de junio un decreto por el que designa para esta investigación a Juan Ignacio Campos Campos, Fiscal de Sala del Tribunal Supremo de la especialidad de Delitos Económicos.

La comunicación de la FGE dice que “pertenece a la más alta categoría de la carrera fiscal y reúne una extraordinaria cualificación y experiencia”. También contará con la ayuda de tres fiscales del Tribunal Supremo ante una innegable complejidad técnica de la investigación.

No han llegado los resultados del rogatorio acerca de las cuentas de Juan Carlos I

Todavía no se ha recibido el resultado de la comisión rogatoria enviada a Suiza hace varios meses. Se pedía en ella información acerca del asunto. Las peticiones podrían afectar a Juan Carlos I. Por esa razón era mejor residenciar el asunto ya en el departamento fiscal al que correspondiera la causa finalmente.

La pieza 5 del caso Tándem se abrió en el verano de 2018 y se cerró provisionalmente en la Audiencia Nacional sólo dos meses después. Según la resolución por falta de pruebas y por la inviolabilidad del Rey entonces, cuando el momento de los hechos.

A pesar de ello, el Ministerio Público abrió diligencias secretas, encargando las investigaciones a un fiscal distinto a los titulares del caso Tándem.

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