Lo justifica en que él y Torres fueron los cerebros del delito.
Ángeles Garrido, fiscal del Tribunal Supremo, solicitó ayer el aumento de las penas que la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca impuso para Iñaki Urdangarín, marido de la infanta Cristina, y a su ex socio Diego Torres, al entender que eran el “motor de toda la secuencia” de los delitos cometidos a través del Instituto Nóos, pidiendo para ellos un incremento hasta los 10 años de condena. El Ministerio Público entiende que debe en agravarse las penas inicialmente impuestas a ambos y al ex presidente balear Jaume Matas por los delitos de malversación de caudales públicos, para los cuales es necesario el concurso de todas partes al ser un “delito bilateral”. “En la administración pública no puede hacerse todo lo que uno quiera, no rige el principio de autonomía de la voluntad”, indicó la fiscal justificando la comisión de los delitos de prevaricación.
Urdangarín fue condenado a seis años y tres meses de prisión, siete años y un mes de inhabilitación especial y multa de 512.533,68 euros por un delito continuado de prevaricación en concurso con uno de falsedad en documento público y de malversación, uno de fraude a la administración pública, uno de tráfico de influencias y dos delitos contra la hacienda pública y la responsabilidad civil. El tribunal de Palma, en cambio, le absolvió de los delitos de blanqueo de capitales y estafa y de varios delitos de falsedad en documentos, tráfico de influencias, malversación, prevaricación y fraude en relación con las actividades en Baleares Comunidad Valenciana y Madrid, además de considerar atenuante la reparación del daño.
Recalcular el daño
La Fiscalía y la Abogacía del Estado han pedido un nuevo cálculo del daño patrimonial provocado por los condenados, solicitando que se aplique la jurisprudencia que se fijó con la sentencia dictada en 1992 en el caso de la colza. Por su parte, Urdangarín rechaza en su recurso la cuantificación de las cantidades que la Fiscalía dice que supuestamente sustrajo y no acepta que tanto él como su ex socio Diego Torres incumplieran las exigencias legales incluidas en los contratos firmados con el Instituto Balear de Turismo para celebrar Illes Balears Forum en 2005 y 2006, y por los que cobraron alrededor de dos millones de euros.
La Fiscalía pide que se reconsideren para las condenas los hechos cometidos por el esposo de la infanta Cristina y su socio la Comunidad Valenciana, ya que, sostiene, que son “cronológicamente paralelos” y desarrollados de idéntico modo que los foros deportivos en Baleares organizados por Nóos. El Ministerio Público asegura que en todas las operaciones de la organización hubo una “omisión absoluta de su procedimiento administrativo”, lo que les habría situado en igualdad de condiciones respecto a otras en el mercado, concluyendo que se hicieron “tres contratos falsos” cuyos gastos no se justificaron.