Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, ha firmado y enviado a Pedro Sánchez, Jefe del Ejecutivo central, una propuesta de reforma de la ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública.
Es la norma que invocaron todas las Comunidades Autónomas para aplicar las medidas restrictivas acordadas por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). Todo menos Isabel Díaz Ayuso en Madrid. Es la norma que evita que se decrete el estado de alarma, por nadie deseado, como ha sucedido en la autonomía madrileña.
Esta reforma viene siendo demandada por los Gobiernos regionales, dijo. Es, a juicio de Feijóo, “imprescindible para asegurar la seguridad jurídica, los derechos de los ciudadanos y el funcionamiento correcto de los operadores judiciales en España” para gestionar la epidemia.
Propone la modificación tras la invitación del propio Sánchez a los presidentes autonómicos. En su anuncio, el jefe del Ejecutivo gallego señaló que es “constructiva, leal y está hecha por expertos asesores de la comunidad autónoma, que beben de fuentes del Tribunal Constitucional”.
Una medida como el estado de alarma, dijo, no resulta “adecuado acudir a ella para el control sistemático y diario de la pandemia”. “Queda claro”, añadió, que la ley debe “reforzarse”. El objetivo, argumentó Feijóo, es que las decisiones de todas las autoridades sanitarias tengan amparo legal por tener una legislación adecuada y suficiente para adoptar medidas”.
A fin de cuentas, que las decisiones que haya que adoptar frente al virus cuenten con el “refrendo legal suficiente”. De este modo, no tener que depender “en función de cada decisión de cada tribunal del conjunto de tribunales de España”.
En dos grandes bloques se divide la propuesta de Feijóo
“Mecanismos útiles para poder hacer nuestro trabajo” reclama el presidente gallego. A la vez que lamentaba haber esperado “meses” a que el Gobierno tomara la iniciativa en este sentido, remarcó que la propuesta de la Xunta es “útil para dar seguridad jurídica”, pero desde la “máxima lealtad al Gobierno central”.
Feijóo desgranó el contenido de la propuesta, dividida en dos grandes bloques: medidas y requisitos. Respecto a las primeras, control, con aislamiento e internamiento, de los enfermos con Covid-19. Asimismo, tratamiento adecuado a éstos, control de contactos estrechos, observación y vigilancia del estado de salud.
Igualmente, pruebas a personas con síntomas, prevención de la enfermedad, que incluiría la vacuna. También, control del entorno de los enfermos y sus contactos, así como de las zonas afectadas.
En este sentido, podrían aplicarse restricciones de circulación o movilidad mediante controles de salida y entrada en algunas zonas. Otras limitaciones podrían ser las reuniones privadas de no convivientes o filtrados de pruebas.
Respecto a los requisitos “para la adopción de medidas”, Feijóo propone que éstas sean motivadas, es decir “necesarias”, “adecuadas” y “ponderadas”. En definitiva, aplicando el principio de precaución y publicándolas en los respectivos boletines oficiales.
La colaboración de las fuerzas y cuerpos de seguridad deberán ser “siempre temporales”, con una clara duración previamente establecida.
Prioridad a la colaboración voluntaria
Por otro lado, las decisiones a adoptar tendrán que respetar la dignidad de las personas, dado el choque con derechos y libertades fundamentales. En todo caso, se dará prioridad a la “colaboración voluntaria”, no pudiéndose ordenar medidas obligatorias que pongan en riesgo la vida.
Asimismo, se deberían aplicar las medidas que “menos perjudiquen al principio de libre circulación de las personas y de los bienes”. Del mismo modo, que menos afecten a “la libertad de empresa y cualesquiera otros derechos afectados”.
Con todo ello, Feijóo pretende conseguir “un poco de sensibilidad y ayuda para poder cumplir nuestro deber con rigor”. “También facilitar a los operadores judiciales legislación adecuada para poder validar las propuestas de las comunidades autónomas sin tener que acudir a un estado de alarma”, concluyó.