El fair play financiero está detrás de que cada vez se antoje más complicado que Kylian Mbappé recale en el Santiago Bernabéu el próximo verano. Objeto de deseo del club que preside Florentino Pérez, explican en fichajes.net, parte con un precio de partida de 250 millones de euros.
Para que el Real Madrid pudiera llevar a cabo la operación sin romper el fair play tendría que vender antes a unos cuantos jugadores. Si finalmente se culminan los fichajes de Reinier y Van de Beek, el club blanco gastaría 100 millones de euros, superando el límite impuesto por la UEFA.
Si no hay ventas que equilibren y cumplan las normas financieras, la afición merengue tendrá que esperar al verano de 2021 para ver a Mbappé con la elástica blanca. Entonces será el último año de contrato, su precio bajará y el PSG tendrá que vender si no quiere que se vaya a coste cero. Eso si no renueva.
El Real Madrid pudo hacerse con el delantero francés de 21 años cuando militaba en el Mónaco y empezaba a despuntar en la temporada 2015-2016. En cambio, llegaron los petrodólares de Nasser Al-Kelaifi y el club parisino pagó por él la friolera de 180 millones de euros en 2016.
Ahora la cosa está más complicada porque el sistema de control de gastos de los clubes europeo es férreo. Desde 2011, los equipos integrados en la UEFA no pueden gastar más de lo que ingresan, con un cierto margen. La regla es sencilla: tanto ingresas y a partir de ahí puedes gastar.
Eso sí, desde el año pasado, tras la reunión de la Asociación de Clubes Europeos, no se puede gastar en fichajes más de cien millones de euros por encima de lo que se ingresa. El límite antes era menor: 30 millones.
¿Cómo se controla? La UEFA obliga a los clubes que participan en las competiciones del máximo organismo del fútbol europeo, es decir Champions League y Europa League, a demostrar que no deben nada a otros clubes, jugadores o tributos.
El encargado de ese control y de evaluar las cuentas de los tres últimos ejercicios de los equipos es el Comité de Control Financiero de Clubes de la UEFA. Si hay que aplicar alguna sanción, entra en vigor al año siguiente. Incluso, los propietarios o presidentes que hagan inversiones en otros negocios pueden ser investigados.
Por otro lado, si un club dedica sus recursos económicos a mejorar las instalaciones, impulsar las categorías inferiores o explotar sus medios, queda automáticamente fuera del fair play financiero. Parecido sucede con aquellos equipos que potencien el fútbol femenino. En este caso, en el control final no se tendrán en cuenta los fichajes de mujeres.
El sistema se implantó con el objetivo de poner freno a las pérdidas económicas en las que habitualmente incurrían los clubes. Igualmente, persigue evitar que los equipos comprometan su futuro con despilfarros en los mercados de fichajes. O que tengan que ser rescatados, como ya sucedió en España.