El fabricante japonés Nissan había anunciado que ayer se conocería su decisión acerca del cierre de la planta de la Zona Franca de Barcelona. Así fue. Para diciembre, las fábricas satélite de Barcelona y la factoría echarán el cierre, lo que llevaría al despido de unos 3.000 trabajadores. No obstante, esta decisión no afecta a las instalaciones que Nissan tiene en Cantabria y Ávila.
La decisión de Nissan ha abierto la puerta, según los directivos del sector, a que otras compañías automovilísticas abandonen la producción en España. Una posición desconcertante para el Ministerio de Industria que parece perplejo ante la situación.
Existe un claro disgusto en las compañías por “el incumplimiento del gobierno de sus compromisos”. Al mismo tiempo, presidentes como Emmanuel Macron, en Francia, alientan a las factorías españolas a relocalizarse en su país de origen.
Con todo y con eso, parece que están en peligro la factoría PSA, la Citröen, Ford, y todas aquellas ya no consideran a España un país idóneo para mantener la producción. Una situación más comprometida para las autoridades y para la estructura económica de un país que necesita sostener su aparato productivo estable.
La compañía japonesa ya ha comunicado a los sindicatos y al Gobierno español la decisión que ha adoptado. Ésta se enmarca en la voluntad de la alianza con Renault. La multinacional nipona se concentrará en Japón, China y Estados Unidos.
El cierre de su planta en la Zona Franca afectará no sólo a 3.000 trabajadores, sino a otros entre 15.000 y 20.000 empleos indirectos. Con todo, ésta es su intención.
El presidente de Nissan lo anunció desde Japón
En rueda de prensa, Makoto Uchida, presidente y consejero delegado de Nissan, ha señalado que pretenden reducir su capacidad de producción en todo el mundo desde los 7,2 millones de unidades anuales a 6 millones. Esto es un 20% menos, con la intención de que todas sus instalaciones operen al 90% su capacidad. De este modo, se ensamblarán 5,4 millones de vehículos cada año.
Así, quedará como única planta en el sudeste asiático (Asean) la de Tailandia después del cierre en Indonesia. El propio consejero delegado anunció la intención del cierre de la planta de Barcelona, manteniendo la de Sunderland (Reino Unido).
El desacuerdo con la decisión de la multinacional japonesa es total en España. De hecho, Genís Alonso, consejero director general de Nissan Motor Ibérica, firmó ayer su cese. Su ejecutivo se negó a ser quien cerrara la planta de la Zona Franca. Lejos de ello, entendía que su función era potenciar las factorías en Cataluña.
Un cierre millonario
Tampoco el Gobierno lo ve con buenos ojos. Ya ha advertido que el fabricante nipón tendrá que asumir los costes de unos mil millones de euros. También, el restablecimiento de los terrenos, propiedad del Consorcio de la Zona Franca, y todos los compromisos con proveedores. A ello se uniría la devolución de subvenciones recibidas en los últimos doce años. La Generalitat ha calculado que serían unos 25 millones de euros.
El Ejecutivo central y el Govern habían presentado un plan industrial que contemplaba ayudas por importe de cien millones para una inversión de 300 millones. Además, se estaba aplicando un ERE a 600 trabajadores para hacer más competitiva la planta.
Ahora no se entiende el anuncio hecho por Nissan de una inversión de 70 millones de euros para una nueva planta de pintura. Esto hizo pensar que era viable la continuidad de estas instalaciones. De hecho, la inversión de 300 millones de euros era para dotar de un modelo eléctrico a esta fábrica, consolidando su continuidad.
Por su lado, Nadia Calviño, la vicepresidente tercera para Asuntos Económicos, afirma que el Gobierno tratará de negociar el cierre de la planta en Barcelona. Pero no se quedará ahí, sino que buscará “una solución alternativa”.
Deberíamos, como hacen los alemanes, comprar solo los coches que se fabrican en España