Jeanine Áñez, la expresidente de Bolivia, se ha declarado en huelga de hambre porque “no quiere luchar”. Lleva encarcelada desde el pasado lunes tras su detención hace una semana, cumpliendo cuatro meses de prisión preventiva.
Se la acusa de unos presuntos delitos de sedición, conspiración y terrorismo. Se encuentra a la espera de juicio por el caso golpe de Estado por los acontecimientos sucedidos tras las elecciones generales de 2019 en Bolivia.
La expresidente boliviana está deprimida, según ha manifestado Amparo Carvajal, la presidente de la Asamblea de Derechos Humanos (APDHB). La visitó en la cárcel de mujeres de Obrajes.
“Está en huelga de hambre. No quiere luchar. Tiene una depresión muy fuerte, profunda. Nadie pudo visitarla, ni sus familiares, sólo su abogado”, ha señalado Carvajal.
La dirigente de APDHB intentó animarla, pero Áñez insistía en que “quiere morirse, porque ¿para qué vivir?”, detalla.
La visita de Carvajal estuvo acompañada por la Defensora del Pueblo después de que las autoridades carcelarias prohibieran la hospitalización de la expresidente de Bolivia.
La familia de la expresidente de Bolivia denuncian la situación
Los familiares de Áñez denuncian que presenta síntomas de hipertensión y depresión. Además, Carolina Ribera, su hija, también está en “vigilia” fuera del centro penitenciario.
Sigue esperando a que se le autorice visitar a la exmandataria. En el lugar también se han concentrado simpatizantes exigiendo su hospitalización. Asimismo, se ha sabido que Ribera se reunirá con representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para exponer el caso.
Entretanto, desde la oposición critican con dureza la detención de la expresidente de Bolivia y tachan su arresto como una detención política. El Gobierno boliviano, por su lado, hace hincapié en que se están respetando todos los derechos de Áñez.
A su vez, António Guterres, secretario general de Naciones Unidas, trasladó telefónicamente a Luis Arce, presidente boliviano, la necesidad de respetar los Derechos Humanos. Asimismo, el debido proceso. Ambos “constituyen una base fundamental para la consolidación de la democracia”.
Por su parte, Paraguay se ha unido a la lista de países que hacen un llamamiento a las autoridades de Bolivia para que garanticen el debido proceso después de las detenciones de ex altos cargos de la Administración Áñez.
De igual modo ha procedido el Senado boliviano. Aprobó una resolución instando a “respetar los derechos procesales, la presunción de inocencia y el derechos a la defensa”.