Los trabajadores públicos tendrán que pasar por una evaluación obligatoria cada año para comprobar su rendimiento y el cumplimiento de sus tareas.
Así lo recoge el anteproyecto de Ley de Función Pública que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 21 de diciembre.
De este modo, podrá apartarse de su puesto a aquellos funcionarios que no cumplan con su cometido, su rendimiento sea insuficiente o no cumplan con las exigencias del cargo.
Además, una evaluación negativa podría tener otras consecuencias para los trabajadores públicos. Por ejemplo, “a no valoración del mérito de experiencia durante el correspondiente periodo en los procesos de selección y provisión a los que concurra”.
Asimismo, “la remoción del puesto obtenido por concurso”. Es decir, que, provisionalmente, se adscribirá al funcionario a un puesto acorde al progreso de su carrera profesional.
Esta evaluación ya cuenta con la oposición, o al menos recelo, de los sindicatos. En ese sentido, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) presentará alegaciones puesto que considera que “carece de concreción y de las debidas garantías”.
A juicio de este sindicato, el texto debería ser más concreto respecto a la movilidad, el teletrabajo o la evaluación. “Es muy mejorable desde el punto de vista técnico”, señalan en un comunicado.
De este modo, presentará sus alegaciones en el trámite de audiencia pública y, si se requiere, durante la tramitación parlamentaria.
Rechazo a que se aparte a los trabajadores públicos
Así, además de exigir la participación de los sindicatos para fijar los criterios de la evaluación, rechaza que, “de manera unilateral” el Gobierno pretenda apartar a los trabajadores públicos si no la superan.
Por su parte, UGT y CCOO califican como “gravísimo” que no superar dicha evaluación pueda suponer apartar al funcionario de su puesto.
De ahí que reclamen que el examen sea “garantista y transparente” y sujeto a “criterios objetivos”.
Asimismo, apuntan que la evaluación del desempeño no tiene que seguir un esquema vertical. A su entender, debe hacerse de manera global, recíproca, por unidades y oficinas. Del mismo modo, que se atienda a la situación del empleo público en el ámbito.
En cambio, la Asociación de Inspectores de Hacienda (IHE) celebra la adopción de esta evaluación. A su vez, recuerda que esta fórmula ya se aplica “con éxito” en la Agencia Tributaria “desde hace años”, concretamente, desde 2007.
Con todo, consideran que “no es lo más deseable” que sea el Ejecutivo quien ponga en práctica estas medidas.
Pese a ello, “aplaudimos que ahora se implante para toda la Administración General del Estado, a la vez que esperamos que se desbloquee en la Agencia Tributaria.