Los trámites de solicitud del Ingreso Mínimo Vital de por sí son engorrosos y están excesivamente burocratizados. Lejos de resultar un proceso ágil y eficiente, adolece de esas características. A ello se une que, ahora se ha sabido, según el diario La Razón, que existe una orden interna de ‘retrasar’ las solicitudes correctas. Al menos, es el efecto que provoca.
Detrás de ello, la gestión que está realizando Tragsatec, una empresa filial de la pública Tragsa, que se contrató para ayudar en la tramitación ante la avalancha de solicitudes. Con ese fin, el contrato ascendía a 7,6 millones de euros para contratar a 500 tramitadores durante cuatro meses en régimen de teletrabajo.
Su labor consiste en proporcionar asistencia telefónica a los solicitantes, así como clasificar las solicitudes. Es en este punto donde reside a clave de los retrasos.
Según un ex trabajador contratado expresamente para estas funciones, se cambiaron las clasificaciones de los expedientes de solicitud. Inicialmente había hasta ocho o nueve clasificaciones. Sin embargo, se ordenó que las clasificaciones quedaban reducidas a tres: ‘iniciado’, ‘paralizado’ o ‘requerido’.
“Lo grave es que nos hacen clasificar expedientes ‘Conformes’ como ‘Requeridos’”, asegura el ex trabajador. De este modo, solicitudes que cumplían todos los requisitos y se habían presentado en tiempo y forma, quedaban en un limbo.
“Un expediente en ‘Requerido’ está pendiente de que se envíe una carta de requerimiento de información que se adjuntaba en una base de datos junto a toda la información que teníamos de ese expediente o que habíamos recabado de ese expediente”, explica esta fuente.
Para muchas familias, recibir el Ingreso Mínimo Vital es urgente
Así, una solicitud de este ingreso mínimo vital que esperan con urgencia las familias solicitantes se retrasa sine die.
Estos trabajadores exprofeso para esta labor recibieron una formación exprés acerca del método y los medios para realizar su trabajo. Sin embargo, el ex trabajador de Tragsatec asegura que ese sistema de clasificación no aparece en ninguno de los manuales formativos. “Fue una orden interna”.
Así fue. Los tramitadores recibieron por correo electrónico la decisión. “Estados que deben aparecer en el Checklist Campo Estado Tragsatec: Iniciado, Requerido (tanto si hacemos la carta de requerimiento como si hemos comprobado que la documentación aportada es la correcta y o falta nada) y Parado. Por favor, nosotras no vamos a poner otros estados”, rezaba el texto.
El entrevistado por el medio decidió no cumplir con la orden “por objeción de conciencia” y a los pocos días fue despedido. Poco antes, otras “tres personas de un equipo de 10 se habían autocesado”.
Otro de los problemas, explica, venía a cuentas del certificado de empadronamiento. Mientras que algunas provincias sí lo piden otras no. Además, algunos de los solicitantes aparecían empadronados junto a otras personas, pero en la solicitud decían que eran ellos solos. En cambio, “nuestra superior nos decía que no le viniéramos con dudas existenciales”.
A todo ello se une que la formación de los superiores a veces llegaba a ser inferior que la que tenía el personal contratado expresamente para esta labor. Tampoco ayudaba que se les proporcionó poco material. “Nos mandaron a casa un ordenador y dos pantallas, pero ni bolígrafos, papel o impresora”, relata el ex trabajador.
Además, les exigían tramitar 10 expedientes diarios. “Al ritmo de un funcionario experimentado se debe tardar 45 minutos por solicitud, pero nosotros llegábamos a tardar hasta hora y media”, lamenta.
Trabajaban entre 10 y 11 horas diarias
Ni qué decir la inexistencia de las horas extras, que figuraban en lugar alguno pese a que se hacían 10 u 11 horas al día. Y todo eso por un salario bruto tan solo un poco por encima del Mínimo Interprofesional.
Estos importes suman 2.000.000 millones de euros por los cuatro meses de contrato. Tragsa recibió 6,13 millones de euros para la contratación de tramitadores y 1,47 millones más como ayuda con la asistencia telefónica.
En la Secretaría de Políticas Públicas y Protección Social de Comisiones Obreras (CCOO) confirman que reciben muchas quejas de trabajadores individuales. También de la sección sindical de CCOO en el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). En todos los casos denuncian que la gestión de los expedientes de solicitud del Ingreso Mínimo Vital está dejando mucho que desear. Es “lenta” y “muy farragosa”, sostienen.
Carlos Bravo, responsable de esta secretaría, lanza una advertencia. “La gestión del IMV, efectivamente, está siendo muy lenta al ser un proceso laborioso por los requisitos a cumplir y porque, además, se sufre una insuficiencia de medios humanos y materiales. Es evidente que hay que reforzar plantillas. Recuerdo que la Seguridad Social se dio tres meses de margen para resolver las solicitudes, plazo que puede resultar difícil de cumplir sin más medios”.
En la actualidad, sólo cobran este Ingreso Mínimo Vital 6.000 personas de los cientos de miles de solicitudes, además de las 74.000 que lo recibieron de oficio.