Casi dos mil niños fueron separados de sus familias en la frontera de Estados Unidos con México, según ha admitido el gobierno estadounidense que ha iniciado una revisión forzado por un litigio abierto en un tribunal de San Diego. En ese marco, se analizarán 47.000 casos con el fin de esclarecer si hubo abusos por la política de tolerancia cero impulsada por Donald Trump, presidente de Estados Unidos que pretendía disuadir a los inmigrantes.
Según una auditoría federal, se aplicó la separación de familias antes de que el mandatario estadounidense lo ordenara oficialmente. Además, ya había un proyecto piloto en Texas desde julio de 2017.
En San Diego, la juez de distrito Dana Sabraw ordenó en abril al Gobierno que cifrara en el plazo de seis meses el número de separaciones, llegando al 1 de julio de 2017. El trabajo es complicado puesto que los niños ya no están bajo custodia de la Administración. En unos casos, porque ya están al cuidado de sus padres o tutores y en otros, porque ya han cumplido los 18 años.
Jonathan White, comandante del Departamento Salud y Servicios Sociales, HHS, señaló el pasado viernes que su equipo ha revisado por ahora 13.000 casos. En la mayoría de ellos era evidente la separación. Ahora se comenzarán a revisar casos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, competencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, quien determinará el estatus de los padres. Después, cada caso volverá al HHS con el fin de investigar el paradero de los menores y serán la Unión Americana de Libertades Civiles quien ayude a localizar a los padres.