La nueva legislación que la Administración de Donald Trump prepara posibilitará recoger muestras de ADN de los migrantes detenidos. El objetivo es incorporar esa información genética a las bases de datos de las agencias federales, dando lugar a una persecución legal, denuncias las organizaciones de Derecho Humanos.
Se ha sabido que quienes ejecutarán esa regulación serán los departamentos de Seguridad Nacional y Justicia, sirviéndose de agentes de Inmigración y Aduanas y de Protección Fronteriza. Estos serán formados específicamente para esta labor.
Según fuentes oficiales, la nueva normativa aportará “un camino completamente diferente”. No solo se comprobarán los vínculos familiares, sino que permitirá conocer un “perfil completo de ADN”, para incorporarlo a la base de datos del FBI. Tres aspectos no se han definido aún: a quiénes se aplicará; si podrán negarse; el uso que se dará a la información obtenida.
Un programa piloto se puso en marcha antes del verano para esclarecer si los adultos y niños migrantes eran miembros de una misma familia. Según explicó Kevin McAlee, secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, 109 supuestas familias se sometieron al test genético. De ellas, un 15%, 17, no eran familia.
La guinda la puso un funcionario, que, preguntado acerca de las implicaciones a largo plazo de esta medida, de dudosa legalidad respecto a los Derechos Humanos, de que personas bajo custodia de la Policía sin acusación alguna terminen en una base de datos de delincuentes, respondió: “Hay un aspecto criminal en esta población”. Ser quedaría a gusto.
Andrew Free, abogado de Derechos Humanos de Nashville ha declarado al portal CQ Roll Call que “el Gobierno no tiene un buen historial de recolección y protección de material genético de poblaciones marginales, incluidos extranjeros y personas de color”. Huelga cualquier comentario adicional.
Matt Adams, director legal de una ONG de asistencia a los migrantes en el estado de Washington (Northwest Immigrant Rights Project), alerta acerca de la nueva legislación porque podría incrementar el número de separaciones de familias. La Justicia estadounidense se ha visto obligada a detener esta práctica habitual por parte del Gobierno de Trump.
Advierte de que “dada la horrible separación de niños, de retrasos en la reunificación familiar y los esfuerzos para prolongar las detenciones, no es una sorpresa que estén intentando usar algo como esto para provocar más problemas en las separaciones familiares”. A su juicio, “hay que asumir que cualquier información que se dé va a ser usada para propósitos legales”.
Jenn Budd, un activista ex agente fronterizo, relató al portal de noticias que esta información genética permitiría a las fuerzas de seguridad a crear un mapa acerca de la red de migrantes para utilizarla en una persecución legal posteriormente. “Y, por supuesto, a quien va a afectar especialmente es a la gente de color y en la frontera”, añadía.
“Las poblaciones marginales de las zonas fronterizas son un campo de pruebas para las nuevas tecnologías”, asegura Free. Señala que incluso podrían emplearse estas medidas contra ciudadanos de Estados Unidos.
“Lo que los estadounidenses deberían preguntarse es si les parece bien que en el futuro, cuando sean detenidos por una falta civil, como una multa de tráfico, el Gobierno pueda recolectar masivamente su información genética”, alertó.