Ángel Gabilondo, Defensor del Pueblo, ha analizado la actuación del CNI respecto al espionaje con Pegasus a 18 dirigentes independentistas.
Así, concluye que se realizó conforme a la Constitución y la Ley, según un comunicado de la oficina del Defensor.
Sin embargo, a su juicio es deseable que se abra una reflexión acerca de la suficiencia o insuficiencia del control judicial previo.
Sostiene que “no es lo mismo la interceptación de las comunicaciones en 2022 que en 2002”.
Además, detalla que los documentos clasificados a los que han accedido Gabilondo y su equipo “responden a lo que era preciso conocer sobre este asunto”.
En concreto, a lo que “particularmente” se necesitaba conocer acerca de lo que se tenía que “cotejar en relación con el cumplimiento” de la Ley.
Concretamente, con el artículo “12 de la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del CNI, sobre el control judicial previo de las intervenciones de las comunicaciones”.
El espionaje se ajustó a la Ley
Así las cosas, su conclusión es que el CNI actuó respetando las distintas disposiciones legales relativas al control judicial previo para este caso de espionaje.
Asimismo, el Defensor del Pueblo señala que los autos del magistrado del Tribunal Supremo encargado “estaban extensamente motivados”.
Al tiempo, apunta al “elevado grado” de los detalles de la información de la que disponía el juez para adoptar la decisión.
Igualmente, la “existencia de un protocolo que articula la relación del CNI con el magistrado”, quien decide acerca de los hechos que justifican la petición.
Además, Gabilondo detalla que hay normativa interna en el CNI que precisa de unos procedimientos o medios especiales para obtener información. Estos contemplan los supuestos para que sea necesaria la autorización judicial.
De acuerdo con esa normativa, se elaboró un informe acerca de los hechos a los que se refiere la actuación de oficio del CNI.
Por último, remarca que “las intervenciones se han producido en todos los casos tras la autorización judicial”.
Este no debería dedicarse más bien a cuestiones de injusticias o maltratos administrativos, situaciones sociales precarias y cosas de esas ? Cómo sale ahora con esto?
¿Quien espió al Presidente y a los ministros?