Así se desprende de un informe del Grupo de Estados Contra la Corrupción.
Según un informe desvelado ayer elaborado por el Grupo de Estados Contra la Corrupción, Greco, organismo dependiente del Consejo de Europa, España incumple todas las recomendaciones hechas sobre independencia judicial y prevención de la corrupción en el Parlamento. El sistema para nombrar a jueces y fiscales y el acceso de los lobbies a diputados y senadores están entre las principales deficiencias de las que habla el informe del organismo europeo que vela por los derechos humanos y la democracia en Europa.
En palabras del secretario ejecutivo del Greco, Gianluca Esposito, “el informe habla por sí mismo. Cuatro años y medio después de publicar las 11 recomendaciones, ninguna se ha cumplido del todo. Tenemos un pequeño problema”. Reconoce que en siete de los once epígrafes hay algún progreso, pero el cumplimiento es “globalmente insatisfactorio”.
El funcionamiento de la justicia
El informe admite que el vacío de poder entre 2015 y 2016 retrasó las reformas judiciales, y siguen pendientes diversas tareas como el sistema de nombramientos del Consejo General del Poder Judicial y el de los presidentes de tribunales, reclamando que se adopten “criterios objetivos y requerimientos de evaluación” para ocupar esos cargos. No obstante, sí aclaran la plena confianza que tienen en la calidad del sistema judicial español.
El Greco, con sede en Estrasburgo, celebra que Partido Popular y Ciudadanos acordaran modificar el sistema para que, de los 20 miembros del CGPJ, 12 sean elegidos por los jueces, no por Congreso y Senado, e igualmente que los parlamentos autonómicos no puedan proponer a los presidentes de los tribunales provinciales, aunque invitan a utilizar el mismo criterio de independencia en los nombramientos en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, urgiendo a España a que aplique esas medidas para reforzar la credibilidad en las instituciones. “Hace falta un cambio de marchas. Hay más posibilidades de evitar la corrupción si mejoran las medidas preventivas. Eso es particularmente relevante en España; desde 2013 se señala la necesidad de que los ciudadanos recuperen la confianza en los poderes públicos”, ha razonado Esposito.
Para dar más autonomía al Fiscal General del Estado, el informe del Grupo Greco invita a que se modifique el sistema de selección y la duración de su mandato, ya que este cargo es designado por el Gobierno después de oír al CGPJ. Si se produce ese cambio es para garantizar la transparencia en las comunicaciones entre el Gobierno y el fiscal, siempre por escrito y publicadas “de forma adecuada”. Otro aspecto a reformar es el lastre del escaso plazo dado para resolver expedientes disciplinarios abiertos a jueces y fiscales, que actualmente está fijado en seis meses, un periodo muy corto al entender del grupo Greco, y que es contrapuesto a los casos de otros funcionarios judiciales, como los secretarios, cuyo plazo de prescripción es de un año.
Protocolos para aceptar regalos y comunicación de intereses económicos
En cuanto a la prevención de la corrupción entre los parlamentarios, esta institución europea pide que se cree un código de conducta para diputados y senadores, de forma que se puedan evitar conflictos de intereses, estableciendo protocolos para aceptar regalos y que se comuniquen los intereses económicos. En este último sentido, Greco reconoce los avances hechos, pero añadiría ciertas medidas, informar del valor de mercado de los inmuebles de los diputados, los intereses abonados por los préstamos o consignar los regalos y viajes patrocinados. Por último reclama que se establezca un marco que regulen los contactos con los llamados grupos de interés, cómo que representantes de empresas visiten a los parlamentarios para comentarles sus preferencias legislativas.
El presidente de Greco ha enviado a una carta a la delegación española en este grupo ante la aparente resistencia de España a aplicar estas recomendaciones.