En octubre de 2019 la Administración de Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, impuso una descerebrada subida de aranceles a productos procedentes de la Unión Europea.
Respondía, así, como represalia por las ayudas que el bloque comunitario concedió a Airbus para la fabricación y desarrollo del A380. Apoyó esta medida la Organización Mundial del Comercio (OMC) que autorizó dichas subidas en los aranceles.
También se debían a la imposición de la llamada tasa ‘Google’. A partir de ahí, una escalada de la política arancelaria estadounidense que parecía que continuaba con Joe Biden.
Lo que no tenía mucho sentido, como en agosto señaló Luis Planas, ministro de Agricultura, es que la represalia arancelaria la sufrieran productos agrícolas españoles.
De nada sirvió entonces, pero ahora la Administración de Joe Biden ha reconsiderado la postura estadounidense. Así, las negociaciones del Gobierno han conseguido que nueve productos salgan de la lista negra.
Aranceles a todo tipo de productos
Katherine Tai, Representante de Comercio de los Estados Unidos, hizo oficial una subida de aranceles adicional del 25% a una serie de productos españoles. En cambio, se anunció también la inmediata suspensión de su aplicación durante 180 días.
Por su lado, Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo, ha celebrado la suspensión. Además, confía en que ésta sea definitiva. Explicó que en su visita a la OCDE interesándose por las negociaciones comprobó “de primera mano la buena marcha de las mismas”.
A su vez, se felicitó que se eliminaran de la lista nueve de las 36 partidas inicialmente propuestas. No sólo productos agrícolas, sino también calzado, pulpo, sombreros, gorros y artículos de cristal.
La ministra destacó que “el anuncio de la inmediata suspensión constata que Estados Unidos mantiene su compromiso de alcanzar un consenso sobre cuestiones fiscales internacionales a través de los procesos de la OCDE, compromiso que desde el Gobierno español también compartimos”.
Desde Comercio, señalan que España y Estados Unidos trabajan “intensamente” en la OCDE para un consenso sobre la arquitectura fiscal global. Se trata de que los gravámenes a las ganancias relacionadas con la propiedad intelectual y la digital sean justos.
Así, en el departamento que dirige Maroto consideran que solo es posible una resolución completa con un acuerdo global sobre tributación internacional.