El Gobierno no sabe, no contesta, acerca de si el fondo creado por el Govern para las fianzas del procés supone o no malversación. Así lo ha manifestado María Jesús Montero, ministra portavoz del Ejecutivo.
Según trasladó, el Gobierno no entra a juzgar si se trata de “malversación o menoscabo de fondos públicos”. En un principio, la ministra de Hacienda señaló que no podía opinar acerca del fondo porque no conoce el contenido del acuerdo. Se limitó a decir que se ha enterado por la prensa.
Se le preguntó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros sobre la advertencia que ha hecho el Tribunal de Cuentas de que el Govern podría incurrir en malversación si paga las multas a los ex altos cargos de la Generalitat empleando fondos públicos.
En todo caso, Montero aseguró que el Ejecutivo “vela por la legalidad existente”. Eso se traduce, dijo, en que “todas las normas son pasadas por ese filtro de legalidad”. No obstante, apuntó que, cuando pueda tener una opinión, la hará pública.
A ese respecto, detalló que al Gobierno no le compete juzgar “si una determinada conducta es objeto de un menoscabo de fondos públicos”. “De malversación, de responsabilidad contable o cualquier otra de las consideraciones que tienen que ver con los fondos públicos”, abundó.
La portavoz gubernamental se limitó a trasladar que el Ejecutivo respeta las decisiones de los tribunales y del Tribunal de Cuentas. En ese sentido y en relación a este último señaló que todavía no ha terminado el procedimiento. Es más, que puede recurrirse por parte de los afectados cuando concluya.
El Govern ha creado este martes el Fondo Complementario de Riesgos, dotándolo de 10 millones de euros. Su cometido es cubrir las fianzas que el Tribunal de Cuentas reclama a 34 ex altos cargos de la Generalitat por la financiación de las ‘embajadas catalanas’ y el Diplocat durante el procés.