El pago de una tasa para usar las autovías en España resulta un “imperativo” para el Gobierno. Así se ha pronunciado Isabel Pardo de Vera, secretaria de Estado de Infraestructuras, quien apela a “no aplazarlo más”.
En la inauguración del 25º Simposio Nacional de Vías y Obras de la Administración Local desde Pontevedra, Pardo defendió el modelo del “pago por uso”.
Además, señaló, contribuirá a dar una solución al “creciente déficit” respecto al mantenimiento de carreteras. De este modo, dijo, se obtendrá una fuente de ingresos extra y directa.
En su opinión, resultan “insuficientes” los 1.400 millones de euros que se destinan en los Presupuestos Generales del Estado para mantener estas infraestructuras.
De ahí que sostenga que España tenga que dar un “paso más” en cuanto a los cambios que las autoridades europeas reclaman. “O afrontamos un cambio o seguiremos cautivos de un sistema tan injusto como lucrativo para algunos”, proclamó.
La secretaria de Estado apuntó que no aprobar esta tasa “detrae recursos” para otros propósitos. Así, mencionó “reforzar el aseguramiento de la sanidad, la educación o la justicia”.
Asimismo, defendió que el perjuicio se agrava al recaudar peajes “desequilibrados”, lo que genera “profundas brechas de oportunidad”.
Según explicó, el modelo en Europa es “un 60% de tasa de uso y un 40% de peajes”. En ese sentido, se preguntó si alguien “puede entender” que los camioneros españoles “paguen por usar las carreteras de toda Europa”. Sin embargo, que los extranjeros “usen gratis” las estatales.
Así las cosas, hizo hincapié en que “se ha alargado demasiado la toma de decisiones”. Puso también en valor el “gran esfuerzo” que ha realizado el Gobierno con el fin de “minimizar” los “enormes desequilibrios territoriales” en cuanto a movilidad.
A su vez, recordó que entre 2018 y 2026 se liberaron o se liberarán 1.244 kilómetros de la red nacional de autopistas. Además, se aprobaron descuentos en aquellas que continúan con concesiones.