Una vez que estalló la polémica por la vacunación del general Miguel Ángel Villarroya, Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), cabe preguntarse si su actuación fue ética. No sólo la suya, sino la de altos mandos de la cúpula militar.
En ese contexto, Margarita Robles, ministra de Defensa, pidió al general un informe explicando las circunstancias. Sin embargo, Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, no ha tenido paciencia y ha destituido al teniente coronel de la Guardia Civil enlace con el Mando de Operaciones militar.
Éste también se vacunó a la vez que la cúpula del Ejército y el JEMAD, quien ayer dimitió de su cargo precisamente por esta cuestión. Y es que no todos los soldados se han vacunado. De hecho, sólo una pequeña parte lo han hecho.
Todos esperan su turno según establece el protocolo. Y es ese protocolo el que debería revisarse convenientemente. Si bien es cierto que el general Villarroya dice que cumplió con él, tal vez, en vez de dimitir para proteger la “imagen pública” de las Fuerzas Armadas, debiera haber renunciado hasta que el último soldado estuviera vacunado para recibir su dosis. Al menos haber esperado a un orden más acorde con los criterios que toda la ciudadanía está teniendo que cumplir.
No parece muy coherente que si políticos de máximo nivel no se han vacunado, lo haga un, en definitiva, subalterno al poder civil. Será correcto haberlo hecho según el protocolo, pero es censurable desde el punto de vista ético. Al menos, cuestionable.
Así las cosas, Marlaska da un golpe sobre la mesa y redobla la presión sobre Robles, su gran enemiga política en el seno del Gabinete. Con todo y con eso, la ministra no ha ocultado su malestar por la vacunación de la cúpula militar.
Sin embargo, sostiene que, “aunque sea más o menos feo”, confía en que se haya cumplido con el orden establecido en el protocolo. De no ser así, Robles tendrá que tomar medidas ejemplarizantes.