Carles McCragh es Decano del Colegio de Abogados de Girona y Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del CICAC.
Jesús Mª Sánchez es Secretario de la Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de Barcelona.
Este cambio extraordinario de circunstancias exige no solo su reconocimiento, como se ha hecho, sino que las medidas para combatirlas sean realmente eficaces y efectivas, lo que nos obliga (a todos) a resaltar la relevancia de la aplicación material de las mismas, por encima de sus meros procedimientos formalistas.
Las personas y sus necesidades no pueden esperar. El derecho ante esta situación es, ante todo, una adaptación al cambio en tiempo real. La flexibilidad debe alcanzar, sobre todo, a la modificación de los aspectos formales de aplicación de estas medidas.
La prestación de desempleo derivado de la presentación de un ERTE como consecuencia de la declaración del Estado de Alarma, exige flexibilidad y rapidez en la aplicación de esta medida y las ayudas tienen que llegar en tiempo real. Si hay que cambiar o flexibilizar el procedimiento se hace y no pasa nada.
Sí, sí. Todos sabemos que nos encontramos ante una situación excepcional, inesperada y caótica, a pesar de que reaccionamos demasiado tarde. Y también sabemos que tenemos que tener paciencia. Pero lo que ahora se pide a los gobernantes es que tengan sensibilidad para ponerse en la piel de sus conciudadanos y conciudadanas y valentía para tomar las decisiones que de ellos y de ellas esperamos. El coraje necesario más allá del que nosotros tendríamos.
Por eso, queremos hoy poner públicamente de manifiesto un sentir generalizado que deviene un reproche imperdonable y es la necesidad de que el Gobierno adopte medidas eficaces, ante la grave situación que sufren las empresas, los autónomos y muchos, muchos, trabajadores y trabajadoras.
Al menos uno de cada cuatro trabajadores y trabajadoras, en Cataluña, están sin trabajo, y está claro, sin ingresar dinero. Muchos de ellos, jóvenes, no han tenido la capacidad ni la oportunidad de generar ahorros, y ahora se encuentran en una situación muy y muy delicada, por no decir desesperada.
Esta gente que está en el paro, no cobrarán, yendo bien, hasta el próximo mes de mayo. Y este es jurídicamente y administrativamente el “timing” habitual (y también lógico) en una situación normal. Pero ya hemos dicho que no nos encontramos ante una situación normal, ni quiere hablarse en este artículo desde un punto de vista estrictamente jurídico.
Y es ahora, en momentos de extrema necesidad cuando le toca al gobierno demostrar el sentido de Estado y la buena gobernanza que les pedimos en las urnas y buscar soluciones si se tercia, buscando consenso y generar pactos de Estado, para que esta gente tenga las atenciones básicas cubiertas, es decir, literalmente, para que muchos no pasen hambre.
Hay Derechos Humanos, Derechos Fundamentales (y estos los ponemos en mayúsculas), que se tienen que vigilar, prever su cumplimiento sea cuando sea, defenderlos y, si se vulneran, exigirlos.
En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por no ir a la Carta Social Europea, a la Constitución y a otras normativas humanitarias e internacionales, se dice que se tienen que garantizar los derechos a una vida digna, y una vida digna solo se puede conseguir si en situaciones normales, pero todavía más en momentos excepcionales como la que se sufre ahora, la ciudadanía tiene derecho a un nivel adecuado que se los asegure la salud y el bienestar, pero también cosas más básicas como la alimentación y la protección contra el paro (artes. 22, 23, 25, incluso 3, de la Declaración). Y el Gobierno en este aspecto (a pesar de la promesa del Presidente del Gobierno que aseguraba en este aspecto, medidas excepcionales), no lo ha cumplido. La gente que está en el paro, tardará demasiado a cobrarlo; con suerte, en el mes de mayo. Demasiado tiempo, demasiada injusticia.
No es, pues, una cuestión solo de justicia, que también; es una cuestión de Derechos Humanos, estos Derechos que no se pueden negar nunca a nadie ni en ninguna época, lugar ni momento. La inacción, la improvisación, lleva a una total ineficacia, y en este punto la ineficacia, y sobre todo, persistir en ella, es inhumano, es casi doloso. Y, por lo tanto, una equivocación inexcusable.
Exigimos, puesto que los Derechos Humanos y Fundamentales no se piden sino que se exigen, que el Estado adopte las medidas rápidas y necesarias para un inmediato adelanto del pago de la prestación de paro. Que sean valientes, humanos y eficaces ahora y en adelante.
Y esto es el que exigimos con la voz más alta que podemos.