Las negociaciones entre ERC y el PSOE están llegando al límite y prácticamente quedan a expensas del escrito de la Abogacía General del Estado acerca de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) en la que se reconoce la inmunidad de Oriol Junqueras, líder de los republicanos catalanes.
El departamento que dirige Consuelo Castro Rey debe pronunciarse sobre cómo cumplir con la resolución del TUE y expresar al Tribunal Supremo su opinión, dentro de la seguridad jurídica, acerca de si se debe permitir a Junqueras tomar posesión de su escaño en el Parlamento Europeo.
Éste es el aparente último escollo que se debe salvar para contentar a ERC y que preste su apoyo o al menos se abstenga en la investidura de Pedro Sánchez. La formación independentista sabe lo que se juega con ello, en especial cara a unas elecciones en Cataluña para no dar la impresión de que ha cedido casi por nada y puedan aprovecharlo sus rivales políticos, JxCat.
El PSOE ha ido aceptando las reivindicaciones de la formación de Junqueras, desde el formato, a tres, de la negociación, pasando por una reunión en Barcelona, que Sánchez emplee la expresión “crisis política”, así como que en los comunicados se incluyese el concepto de “conflicto político” para referirse a la situación
Asimismo, que el jefe del Ejecutivo en funciones deje de referirse a la “Constitución” y pase a hablar de “seguridad jurídica”, al igual que llame a Quim Torra, presidente de la Generalitat, para acordar una reunión cuando ya haya investidura o que haya una mesa de Gobiernos “de igual a igual”.
Los socialistas lo han ido aceptando todo porque el principal objetivo es que haya una investidura y se evite, así, una repetición electoral, por tercera vez. A la espera de seguir avanzando con ERC, el PSOE trata de cerrar acuerdos con el resto de formaciones, incluidos los más pequeños.
El tiempo corre en contra porque si se extienden las negociaciones, también pueden aparecer factores que interfieran o inclinen la balanza o que otros líderes territoriales o partidos con poca o mínima representación parlamentaria acaben por no apoyar la investidura, como ya algunos han advertido por según qué concesiones se estén haciendo.
Para que los plazos se acorten la Abogacía del Estado debe pronunciarse, pero no hay que olvidar que cuenta con cinco días hábiles para dar a conocer su pronunciamiento al Supremo, pero puede apurar hasta el día 2 de enero.
El aparente o verdadero retraso del departamento de Castro Rey puede llegar a interpretarse como un mensaje del Gobierno a ERC de que, si no hoy garantías de avanzar en otra de las cuestiones prioritarias que es la mesa de Gobiernos, no sacará adelante el escrito de la Abogacía del Estado.
A todo ello se une que, incluso aunque haya acuerdo, los republicanos tendrán que reunir a su Consell Nacional, para que lo apruebe. En el PSOE también deberá resolver, al menos, la Ejecutiva socialista y no un Comité Federal.
Así las cosas, resulta ya imposible, no ya llegar a una investidura antes de que acabe este 2019, sino que haya una investidura el 5 de enero, toda vez que si la Abogacía del Estado apura el plazo, el pleno del Congreso debería convocarse para el 2 de enero precisamente. Es decir, no hay tiempo.
Sería menos precipitado ir al 5 o al 7 de enero para esa sesión plenaria, aunque resulta más arriesgado por lo mencionado de que puedan interferir, e incluso tumbar la negociación, elementos y factores externos. En definitiva, todo está al límite.