Las patronales CEOE y Cepyme han pedido al Gobierno que apruebe medidas urgentes porque los empresarios están al límite. Para afrontar la crisis del coronavirus, solicitan que se contemple el estado de alarma como causa de fuerza mayor y puedan presentar ERTEs.
Los empresarios piden del Ejecutivo “mecanismos útiles y rápidos” para garantizar liquidez en las empresas, sobre todo, las medianas, pequeñas y autónomos. Todo, con el objetivo de evitar su “quiebra inmediata” y mantener la actividad, además de proteger el empleo.
El Consejo de Ministros extraordinario del sábado no aprobó un paquete de medidas económicas, “instan” al Gobierno a que lo haga en su reunión del martes. Además, que contemple tres aspectos.
Por un lado “medidas urgentes” en materia laboral, simplificando y agilizando los procedimientos para los ERTEs, con efecto retroactivo. También que se reconozca el actual estado de alarma como causa de fuerza mayor para su ejecución.
Asimismo, la suspensión de las cotizaciones por parte de la empresa, debido a la falta de liquidez por el parón de la actividad. De la parte del trabajador, que se considere el acceso al paro sin la exigencia de un periodo de carencia. A su vez, que ello no perjudique futuras prestaciones por desempleo.
A juicio de los empresarios, es “imprescindible” facilitar el teletrabajo al considerar cumplida la obligación empresarial de evaluar los riesgos. Que sea suficiente la autoevaluación llevada a cabo por el trabajador.
Los empresarios también piden aplazar impuestos
En ese sentido, las patronales señalan la necesidad de aplazar y fraccionar los pagos, y sin intereses, por un plazo suficiente, todos los pagos de impuestos. En especial, aquellas empresas que hayan sufrido de forma “significativa” una caída de ingresos o un aumento de gastos a causa del coronavirus.
También se refieren a la “especialmente difícil situación de los autónomos”. Algo que “requiere también una suspensión de las cotizaciones sociales, el abono de las bajas desde el primer día y la articulación de una prestación por cese a cargo de un fondo extraordinario”.
Los empresarios reclaman como “absolutamente necesario y urgente” proporcionar una línea de avales públicos para facilitar que las empresas accedan al crédito.
Por último, que las Administraciones Públicas paguen “de inmediato” las facturas pendientes a los proveedores, aunque no haya vencido el plazo de la Ley de morosidad. Igualmente, que se aceleren las devoluciones tributarias pendientes.