Empleo público: oferta histórica, con casi 30.000 plazas

Empleo público: oferta histórica, con casi 30.000 plazas

Gobierno y sindicatos han acordado lanzar la mayor oferta de empleo público de la historia en la Administración General del Estado: 29.578 plazas.

Así, de esas casi 30.000 plazas, alrededor de 15.880 serán de nuevo ingreso, lo que supone un 29% más comparando con 2021.

Asimismo, dentro de éstas, se incluyen 1.150 plazas específicas para nuevos servicios de la Seguridad Social y prestaciones, como el Ingreso Mínimo Vital. Éstas no cuentan a efectos de tasa de reposición.

Por otra parte, 9.591 plazas se destinan a promoción interna, lo que supone un 1,8% más respecto a 2021.

Además, otras 4.100 serán para los procesos de estabilización de personal interno.

A su vez, se tiene previsto agilizar los procesos selectivos mediante la reducción de los tipos de publicación de convocatorias.

Asimismo, reduciendo los tiempos de incorporación de los nuevos efectivos y los tiempos entre ejercicios.

Igualmente, se prevé llevar a cabo una planificación a varios años de las necesidades de la Administración. De este modo se garantizaría su viabilidad a medio plazo y rebajar la falta de personal.

Además, el acuerdo de empleo público alcanzado en incorporar a revisar en los próximos tres meses los procesos de promoción interna.

Se pretende, así, simplificar y reducir los temarios de los sistemas de acceso para lograr una cobertura más amplia de las plazas que se convoquen.

Asegurar, asimismo, la carrera profesional del personal al servicio de la Administración del Estado.

Con ese fin, según CSIF, será más simple la fase de oposición, al reducir temarios y ejercicios. Además, se reservará la nota obtenida para próximas convocatorias si no se supera el proceso.

Respecto a la fase de concurso, se reforzará el curso selectivo como fase formativa y de evaluación de contenidos prácticos vinculados a las plazas.

Con todo, aclarar que la oferta de empleo público negociada no incluye Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas ni Administración de Justicia. Se determinan en sus respectivos ámbitos de negociación.

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