El voto rogado, a debate en el Congreso

El voto rogado, a debate en el Congreso

Se presiona al PP para que se suprima antes de las elecciones autonómicas y europeas de mayo.
La eliminación del requisito del voto rogado, vigente desde 2011, podría lograrse si finalmente los grupos parlamentarios del Congreso convencen al PP en ese sentido. El propio Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, se inclina por esta supresión.

Todos los grupos, incluso el popular, coinciden en que es necesario suprimir este mecanismo por el que los españoles expatriados se ven en la obligación de solicitar el voto previamente en cada convocatoria electoral, algo que ha hecho que caiga en picado la participación de los inscritos en el Censo de Residentes Ausentes, CERA, en los últimos comicios.

Sin embargo, Marea Granate, la asociación que aglutina a los españoles residentes en el extranjero, ha denunciado este viernes que los partidos siguen sin dar una solución a este asunto cuando quedan cuatro meses para la cita con las urnas y el próximo 30 de enero se cierra el censo electoral para los próximos comicios.

Precisamente, el Ministerio de Asuntos Exteriores transmitió a la subcomisión del Congreso encargada de estudiar una reforma de la Ley Electoral el informe de Josep Borrell con varias sugerencias para terminar con el voto rogado. En él se aboga por eliminar directamente esta exigencia y, a cambio, se facilita su participación por cauces ordinarios, mediante el adelanto de toda la documentación electoral a los ciudadanos emigrados con, incluso, una papeleta en blanco para que puedan escribir su opción política sin que se espere a la proclamación oficial de las candidaturas.

Para el hecho en sí de ir a votar, se insta los electores a acudir al consulado o a la legación diplomática correspondiente, disponiendo de siete días en lugar de tres, como sucede en la actualidad. Otra modalidad sería el voto por correo a la oficina consular más próxima, quien se encargaría de reenviarlo por valija diplomática hasta España. también, y con la intención de impulsar el voto en urna, el Gobierno defiende la ampliación de la red de colegios electorales.

Las pegas las pone el PP, que no ve garantías suficientes para que la documentación electoral sea recibida de manera efectiva por el expatriado, ni que sea él quien realmente deposite la papeleta. También ve falta de seguridad en ofrecer las papeletas en blanco.

Puesto que no se avanzaba en las reuniones informales mantenidas, el PSOE pidió a los populares que presentasen alternativas al informe. Grosso modo, el PP coincide en ampliar los días tanto para recibir la documentación electoral como para votar y, también, en el incremento del número de colegios electorales. En cambio, quiere que los emigrados puedan votar, además de en las embajadas o consulados, en otros locales oficiales, como los Instituto Cervantes, siempre con la supervisión pertinente del funcionariado consular.

La formación conservadora pretende también que los envíos al exterior se hagan por valija diplomática, en vez de desde la Oficina del Censo Electoral, así como que los españoles en el extranjero se inscriban en una legación diplomática y comuniquen si tienen intención de votar en los próximos cuatro o cinco años. De este modo, la red exterior los tendría localizados y con un domicilio claro donde enviar la documentación.

Jesús Posada, presidente de la Comisión Constitucional del Congreso, tiene prevista la convocatoria de la subcomisión electoral en el próximo mes de febrero. Será en ella donde los impulsores del nuevo modelo pedirán al PP claridad respecto a la propuesta del Gobierno y les urgirán para que este tema llegue a una solución antes de que comience mayo, han señalado a Europa Press fuentes parlamentarias.

Los grupos parlamentarios entienden que la alternativa ofrecida por los populares es muy parecida a la aplicada en elecciones municipales antes de que se llevara a cabo la reforma de 2011. En definitiva, un sistema similar al que se sigue empleando para los electores residentes en el extranjero temporalmente.

El problema reside en que si la formación de Pablo Casado no se mueve de su posición, el resto de grupos podrían optar por presentar una proposición de reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para cambiar el artículo relativo al voto rogado. En cambio, crecerían las dificultades para llegar a antes de mayo si no se cuenta con el apoyo del PP, más aún cuando esta formación tiene mayoría absoluta en el Senado.

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