Ayer se reunieron los magistrados sin alcanzar un acuerdo.
Los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo decidirán hoy si revocan o mantienen el criterio de la sentencia de una sección de esta Sala por el que son los bancos los que deben asumir el impuesto de Actos Jurídicos Documentados, el llamado impuesto sobre hipotecas. Ayer se reunió el Pleno, pero no se alcanzó un acuerdo por lo que será hoy cuando se tome una decisión definitiva.
Desde la banca se cree que no habrá retroactividad en la sentencia. En caso de que el Pleno decida mantener el criterio adoptado el 18 de octubre, confían en que este no afecte a hipotecas anteriores puesto que de ser así, dicen, afectaría gravemente a la situación de los bancos. Algunas fuentes bancarias señalan que la inestabilidad generada a partir del fallo judicial y la convocatoria del pleno ha provocado que “el inversor institucional norteamericano haya puesto una cruz al sector, que no la levanta una sentencia”.
Las entidades financieras creen que no ha lugar a la retroactividad puesto que ellas se han limitado a cumplir la ley. Otra cuestión es en cómo afectaría al cliente si el banco es el que debe abonar el impuesto. CaixaBank e Ibercaja ya han anunciado que encarecerán las hipotecas. El resto del sector, en general, ha optado por incrementar las comisiones, habida cuenta del entorno de bajos tipos de interés en la Unión Europea que podría permanecer más tiempo de lo que se sospechaba. Así, han aumentado una media de un 10% al cierre del tercer trimestre.
El caso de Bankia, sostiene que la decisión no debe repercutir en el cliente y que su repercusión en el precio estará en función de la competencia. José Sevilla, consejero delegado de esta entidad bancaria, ha confirmado que se continuará con la mismo oferta hipotecaria. En ese mismo sentido se ha manifestado Banco Santander, para el que el coste finalestaba en función de la competencia en el mercado.
Bankinter admite que deberán tomar medidas con el fin de seguir siendo competitivos. No repercutirán todo el coste sobre el cliente pero si una buena parte a lo largo de la vida del préstamo. Dolores Dancausa, consejera delegada, explicó que “no podemos dar hipotecas que no sean rentables, no se puede vender por debajo del coste”.
Por su lado, Carlos Torres, consejero delegado y futuro presidente de BBVA, ha señalado que se trata de una cláusula que no está vinculada a los préstamos hipotecarios, como sí lo fueron las cláusulas suelo, sino que “es un impuesto que se paga obligatoriamente al Estado y el banco no ha recibido ningún ingreso, los clientes los unían cumpliendo la regulación vigente”.
Se da como muy improbable que la decisión final aboque a una retroactividad total, del mismo modo que se descarta con casi toda seguridad que en el futuro sean los clientes quiens paguen el impuesto. Aún así se barajan tres escenarios.
Si el Tribunal Supremo mantiene el criterio pero sin retroactividad, todos ganan. Los clientes se ahorran los impuestos y la banca no se verá obligada a provisionar el coste de los mismos sobre los últimos cuatro años. La jurisprudencia avala este criterio. “Existe un documento creado ad hoc para estos casos desde hace 23 años que dice que el sujeto pasivo es el cliente. Además, en las comunidades forales, Navarra y País vasco, hay leyes en las que explícitamente se afirma que los clientes son quienes deben asumir estos impuestos hipotecarios”, señalan fuentes bancarias.
Segun Moody’s, de ser esta la resolución final, “el impacto será muy limitado”, en torno a unos 640 millones de euros para toda la banca española. “Tienen a su disposición un amplio abanico de posibilidades para repercutir este coste a los consumidores, como podría ser aumentar los tipos de interés o incrementando las comisiones”, indican.
Algunas fuentes cercanas a las entidades de mayor peso en la concesión de préstamos hipotecarios en España afirman que “no puede haber retroactividad en la sentencia. No te pueden multar por cumplir la ley”, y dicen que hay una “guerra abierta entre bandos dentro del Tribunal Supremo”, lo que podría condicional políticamente la sentencia. Otra cosa es la repercusión en Bolsa.
Desde Moody’s señalan qué un segundo escenario en el que hubiera retroactividad desde 2014 este sería “el mayor problema para los bancos”, con un coste que sería “todavía manejable”.
No hay que olvidar que son las comunidades autónomas las que tienen que devolver el impuesto a los contribuyentes en caso de que haya retroactividad. El Gobierno ya ha anunciado que estará vigilante para intervenir para que los ejecutivos regionales no se queden sin liquidez.
El tercer escenario es el de la retroactividad al conjunto de hipotecas vigentes en la actualidad. Fuentes de entidades financieras señalan que “cuatro años son asumibles, no te quiebran. 25 años se lleva por delante al sector”. Moody’s entiende que es el escenario menos probable y calcula que en este caso el impacto sería de 11.000 millones.