El presidente de la Corte y los magistrados que dictaron la sentencia se reunieron ayer.
En un comunicado, Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo, ha hecho público que la Corte decidirá el próximo 5 de noviembre quién debe pagar el impuesto de las hipotecas. Ayer, Lesmes y los jueces que dictaron la sentencia mantuvieron una reunión de carácter interno, en la que también estuvieron presentes Ángel Juanes, vicepresidente del Supremo, y Luis María Díez-Picazo, presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, con el fin de evaluar el escenario suscitado después de darse a conocer la resolución, así como la nota posterior en la que se convocaba un Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo que confirmaría o no el nuevo criterio establecido.
En el comunicado también se recuerda que la sentencia “es firme y no susceptible de revisión” por el Pleno y que, por tanto, tiene “plenos efectos” en relación a la nulidad del artículo del Reglamento que establecía justo el criterio contrario: que el impuesto de Actos Jurídicos Documentados debe ser abonado por el cliente de la hipoteca.
El criterio suscrito por la Sección Segunda de la Sala, la experta en tributos, sí puede cambiarse y es esto lo que revisará el pleno del 5 de noviembre. No puede revertirse, en cambio, la nulidad del precepto legal por el que se establecía que el cliente era quien debía pagar el impuesto. Si el Pleno de la Sala cambia al criterio anterior, deberá justificar una interpretación de la ley vigente a favor de esa premisa.
Lesmes ha respaldado la actuación de los seis jueces que dictaron la sentencia y ha dicho que actuaron “con plena lealtad” al tribunal y “con independencia, profesionalidad y competencia técnica en la interpretación y aplicación de la ley, y con escrupuloso respeto a las normas procesales aplicables al presente caso”.
Recordó que en ese mismo día se suscribieron otras dos resoluciones sobre la misma materia y que tan sólo están a la espera de ser notificadas.
La sentencia ha generado gran malestar en la Sala de lo Contencioso porque, según fuentes cercanas a su presidente, los magistrados no le informaron de que iban a cambiar el criterio sobre el impuesto de las hipotecas.
Asociaciones profesionales de jueces han solicitado que se explique lo sucedido en la Sala de lo Contencioso-Administrativo. En un comunicado, la Asociación de Juezas y Jueces por la Democracia, JJpD, ha exigido la dimisión de Díez-Picazo, al que se considera como “único y exclusivo responsable” de lo ocurrido. A esta asociación pertenece el juez Jesús Cudero, ponente de la sentencia.
En opinión de JJpD, el presidente de la Sala “ha provocado desconcierto en la ciudadanía que no sabe qué hacer con sus hipotecas y toda su economía doméstica, ha generado inseguridad jurídica, ha utilizado indebidamente las facultades legales que la legislación la encomienda a un tribunal colegiado y de la entidad del Tribunal Supremo, y ha puesto en tela de juicio la imparcialidad e independencia de los jueces, generando ante la ciudadanía una imagen lamentable de sus juezas y jueces”.
Fue el mismo Díez-Picazo, recuerdan desde la asociación, quien, actuando como presidente de la Sala Tercera, firmó el auto del 15 de enero de 2018, admitiendo a trámite el recurso presentado por la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas-Vaciamadrid contra una resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid que hacía responsable al cliente de pagar el impuesto de Actos Jurídicos Documentados.
En el auto se decía que “el reciente criterio contrario sentado por la Sala Primera ha abierto un debate doctrinal que requiere una nueva respuesta por parte de este Tribunal Supremo, máxime cuando es una materia que afecta a un gran número de situaciones y tiene una importante transferencia social, más allá del caso objeto del proceso”.
Por su parte, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria ha hecho pública una nota en la que, además de lamentarse por lo sucedido, reclama del presidente de la Sala “motivación y claridad” en sus actos. Así, también precisa que un cambio de criterio era una posibilidad real, ya que la Sala admitió a trámite el recurso de la empresa de vivienda de Rivas-Vaciamadrid y que, por tanto, Díez-Picazo debía haber convocado el Pleno antes y no con posterioridad a la sentencia.