El Tribunal Supremo abre juicio oral a los independentistas por malversación, rebelión y desobediencia

El Tribunal Supremo abre juicio oral a los independentistas por malversación, rebelión y desobediencia

Se sentará en el banquillo la mayoría de los impulsores del procés.
El Tribunal Supremo entiende que hay pruebas suficientes para juzgar a los 18 procesados que no huyeron de España por el procés y ayer declaró abierto el juicio oral. No podrá sentar en el banquillo a Carles Puigdemont, Marta Rovira, Meritxell Serret, Toni Comín, Lluís Puig, Clara Ponsatí y Anna Gabriel.

Se cierra, así, la investigación instruida por el juez Pablo Llarena y se señala juicio, dando por zanjado el intento de los procesados de dilatar la causa. Ahora, se da un plazo de 5 días para que las acusaciones den concreción a la petición provisional de pena y los delitos que les serán atribuidos a cada uno de los encausados.

También pedirán las pruebas de las que quieran disponer en el juicio oral, declaraciones de peritos, testigos e informes. La Fiscalía ya ha señalado que no pedirá prórroga, mientras que Vox y la Abogacía del Estado puede que lo hagan con el fin de conocer previamente las peticiones del Ministerio Público. Después de ello, las defensas entregarán sus alegatos exculpatorios.

Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, todos ellos en prisión preventiva, serán juzgados por un supuesto delito de rebelión. Los exconsejeros, de los nueve, todos menos Sànchez y Cuixart, además de Meritxell Borrás, Carles Mundò y Santi Vila lo serán también por malversación de caudales públicos y desobediencia, algo por lo que serán juzgados también Lluís Corominas, Lluis Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet, Joan Josep Nuet, ex miembros de la Mesa del Parlament, y Mireia Boya, ex presidente del grupo parlamentario de la CUP.

“La fase intermedia del procedimiento ordinario no puede ser concebida como una segunda oportunidad para reactivar la tarea del instructor, imponiéndole la práctica de diligencias que no ha considerado necesarias para sustentar el auto de procesamiento”, dice Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal del Supremo y ponente del auto, rechazando, así, la petición cursada por los acusados para que se practicaran nuevas pruebas, previo a la confirmación de los procesamientos.

Continúa la resolución diciendo que admitir las casi trescientas diligencias solicitadas por las defensas “conduciría, sin duda alguna, a un inadmisible menoscabo del derecho de los inculpados a un proceso sin dilaciones indebidas”, según el artículo 24.2 de la Constitución. “La reapertura del sumario para la práctica de varios centenares de diligencias frustraría toda expectativa de un enjuiciamiento en un plazo razonable”, concluye.

Está previsto que el juicio comience a principios de 2019, aunque se tiene la intención de que la llamada a vista de previo pronunciamiento se haga antes de Navidad. Según el ritmo que se ha propuesto el Supremo, con sesiones de mañana y tarde, cuatro días a la semana, la sentencia no estará dictada antes de junio. Siete jueces forman el tribunal: Manuel Marchena, Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo, Luciano Varela, y Antonio del Moral, Andrés Palomo y Ana Ferrer.

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