De este modo las operaciones de préstamo podrán formalizarse con tiempo suficiente para atender los vencimientos.
En el informe de fiscalización del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas de los ejercicios 2015 y 2016, el Tribunal de Cuentas hace la recomendación al Gobierno para que tome las medidas adecuadas para los acuerdos de distribución de recursos con antelación suficiente, de forma que este fondo pueda formalizar las operaciones de préstamo con las autonomías con tiempo suficiente para que las comunidades puedan atender sus vencimientos.
Además, destacan de que si esos fondos no llegan a tiempo el retraso de la Comunidad Autónoma tendría que ser retribuido mediante una compensación equivalente al coste que esa financiación tiene para el Estado. Así, la Comisión delegada del Gobierno para Asuntos económicos tendría que evitar penalizar en caso de demora.
Por otro lado, el Tribunal de Cuentas resulta que deben revisarse y actualizarse el programa para aplicar el Fondo de Liquidez Autonómico, FLA, ya que existen cláusulas que no se acomodan a la práctica y se exige consignar datos que no tienen valor para la gestión.
A su vez, también hace la recomendación al Ejecutivo para que se implemente un método de cálculo de la compensación a recibir por el Instituto de Crédito Oficial, ICO, por sus labores de gestión financiera de los fondos de financiación de las comunidades autónomas, una compensación que debe ser igual al empleado por otros fondos sin personalidad jurídica para los que este organismo desempeña las mismas funciones de gestión.
Por otro lado, en el informe se destaca la necesidad de crear un plan de tesorería para evitar saldos “demasiado elevados” en cuentas bancarias abiertas en el Banco de España, de forma que dicho saldos respondan a las necesidades reales del Fondo de Financiación. Recomienda, igualmente, diseñar e incorporar indicadores de seguimiento objetivos en el programa presupuestario dirigido a la financiación del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas.
Al margen de estas recomendaciones, el tribunal destaca que los fondos han permitido incentivar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, disminuyendo el periodo medio de pago a proveedores, gracias a la oferta de unas medidas más favorables de financiación a aquellas comunidades que se adhirieron a la facilidad financiera, uno de los cuatro estadíos de estos fondos. A su vez, subraya el tribunal, se ha reforzado el cumplimiento de obligaciones de transparencia y suministro de información por parte de las CCAA. También advierte que el Real Decreto de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales sigue sin desarrollo reglamentario, algo que, de haberlo daría, “publicidad y transparencia” al FLA.
El informe señala entre sus conclusiones que las aportaciones patrimoniales superaron las necesidades reales del fondo, algo que se pone de manifiesto al existir un remanente de la dotación presupuestaria de los Presupuestos Generales de 2016 por valor de 2200 millones de euros. en consecuencia, se produjo un exceso de recursos aportados al fondo puesto que estos superaron las operaciones firmadas con las autonomías.para el tribunal queda en evidencia “la falta de una gestión adecuada de la tesorería”, al añadir al exceso de recursos el examen de los saldos medios de las cuentas bancarias en 2015 y 2016.