El Tribunal Constitucional advierte a Torra de las graves consecuencias para él si desobedece sus resoluciones

El Tribunal Constitucional advierte a Torra de las graves consecuencias para él si desobedece sus resoluciones

Quim Torra, presidente de la Generalitat de Cataluña, y el resto de miembros de su gobierno serán advertidos de las consecuencias y responsabilidades en las que podrían incurrir en caso de desobedecer las decisiones del Tribunal Constitucional acerca de la resolución del Parlament del 26 de septiembre de la “orientación política general del Govern”, según ha acordado por unanimidad, este miércoles, el Pleno del Tribunal Constitucional.

En la resolución del Parlament se insiste en el derecho de autodeterminación y ratifica como objetivo la independencia de Cataluña. Por su parte, la advertencia del Pleno del Tribunal Constitucional se produce como consecuencia de la admisión a trámite por parte de dicho Tribunal de incidentes de ejecución que fueron presentados por el Gobierno y por el que quedan en suspenso partes de la resolución de la cámara catalana.

Varios puntos de la Resolución del Parlament fueron suspendidos la pasada semana por el tribunal de garantías, específicamente “sobre las propuestas para la Cataluña real”, en la que se expone la reprobación a Felipe VI y la intención de continuar el camino a la independencia.

En aquel momento, Roger Torrent, presidente de la Cámara catalana; Xavier Muro i Bas, secretario general; y Josep Costa i Rosselló, Joan García González, Eusebi Campdepadrós i Pucurull, David Pérez Ibáñez, Laura Vílchez Sánchez y Adriana Delgado i Herreros, miembros de la Mesa, fueron advertidos de “su obligación de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir”.

Los magistrados del Pleno del Tribunal Constitucional han decidido por unanimidad, este miércoles, insistir en las advertencias respecto a la resolución 546/XII del Parlamento de Cataluña, aprobada el 26 de septiembre de 2019, sobre la “orientación política general del Govern”, sumando además los avisos a Torra y su gobierno.

También se les indica que tienen la “obligación de abstenerse de realizar cualesquiera actuaciones tendentes a dar cumplimiento a los incisos impugnados”, además de “su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir” las sentencias del Tribunal Constitucional.

Del mismo modo, de acuerdo con la aplicación del artículo 161.2 de la Carta Magna al que se ha adherido el Ejecutivo, el Tribunal Constitucional suspende los apartados I.1, I.2, I.3 y I.4 de dicha Resolución.

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