En relación al procés y la decisión del tribunal de Schweslig-Holstein respecto a Carles Puigdemont.
En la inauguración de la cuarta edición del encuentro Una Justicia de futuro en los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander, Manuel Jesús Dolz, secretario de Estado de Justicia, sostuvo que hay que perfeccionar la cooperación judicial Europea respecto a las Órdenes Europeas de Detención, euroórdenes, porque ha quedado evidente que, en la práctica, tienen “ciertas deficiencias en relación con la doble incriminación”, como ha quedado demostrado en la decisión de la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein, que autoriza la entrega a España de Carles Puigdemont, expresidente catalán, por malversación de fondos, pero no por el cargo de rebelión.
El Gobierno, dijo, “tiene que respetar” las decisiones judiciales, lo que no impide que los poderes ejecutivos faciliten “el debate” entre los poderes judiciales “sin inmiscuirnos en sus decisiones”. Por ello se debe perfeccionado ya que “la confianza mutua no se puede perder” ni se puede “cuestionar nuestro sistema”, tal y como los Estados miembro asumieron en el último Consejo informal de Justicia de Innsbruck.
Limitar la doble imputación
Así, valoró la opción de “ampliar” la lista de delitos que implican la entrega inmediata y “limitar más la doble incriminación, que es donde se abre la posibilidad de que surjan estas discrepancias, que han determinado la limitación en el conocimiento de los delitos por los cuales se acordaba la estimación de la euroorden en el caso conocido del fugado Puigdemont”.
Aseguró que la interpretación que se haga de las normas reguladoras de la euroorden la “tendrá que hacer, o bien el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, o bien ulteriores de esa decisión marco para acomodarla a las realidades”, insistió, “que pueden ir surgiendo de forma sobrevenida y que no se pensaba en ellas cuando se diseñó el modelo actualmente vigente”.
Homologar los delitos en la UE
Por tanto, a su juicio, “es cierto que es necesaria una homologación de delitos en toda la UE que evite discrepancias en orden a las que se han planteado en este caso, pero en todo momento hay que indicar que los jueces aplican el Derecho al caso concreto. El perfil de cada caso concreto impide elaborar teorías generales aplicables a todos los supuestos, sino que hay que analizar cada caso”.
El sistema es “perfeccionable, como todos los sistemas jurídicos, en función de las experiencias que hayan podido derivar en disfunciones”, señaló Dolz, “pero eso no quiere decir que el sistema de euroórdenes no esté funcionando adecuadamente, salvo estos casos excepcionales”. El secretario de Estado de Justicia recordó que Javier Zaragoza, fiscal de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en una mesa redonda en ese mismo encuentro, aseguró que la euroorden que se aplica en la investigación del delito ha sido interpretada por el tribunal alemán como “orden europea de enjuiciamiento, más que de investigación”. “Esa es una de las quejas que han surgido a raíz de la tramitación de estas euroórdenes”, añadió Dolz.
Retirar las acusaciones a los políticos encausados
Respecto a la solicitud hecha al Ejecutivo por parte de Marcel Mauri, vicepresidente de Òmnium Cultural, para que la Fiscalía General del Estado retire las acusaciones contra los procesados, el secretario de Estado de Justicia ha asegurado que “sin duda, sí que les puedo decir que el Gobierno no va a dirigir ninguna instrucción, ninguna orden, que no puede dar a la Fiscalía General del Estado, en el ámbito de su autonomía funcional y en su posición procesal en todos los procesos en los que participa el Ministerio Fiscal”.
Insistió en qué el Ejecutivo “no puede dirigirle” al Fiscal General del Estado, “órdenes e instrucciones, sino solamente puede hacerle solicitudes que son sometidas a la Junta de Fiscales de Sala sobre su procedencia o no”, puesto que estamos en un sistema judicial “plenamente” constitucional y una vez nombrado el cargo “automáticamente goza de plena autonomía funcional”. Dolz subrayó que el Gobierno “dirige la política interior y exterior del Estado en virtud del artículo 97 de la Constitución” y que “ningún gobierno debe renunciar a ejercer una política criminal donde el Ministerio Fiscal es un elemento fundamental, precisamente, para poder llevar la Justicia Penal a la protección de sectores más desfavorecidos, a la protección de los intereses colectivos”.
Finalmente, respecto a las declaraciones de Pablo Casado, candidato a la Presidencia del PP, en las que decía que “habrá que plantearse qué eficacia tiene la orden de detención europea”, o el “espacio Schengen”, si “no hay confianza mutua entre países, si no se respetan las decisiones judiciales de un Estado miembro”, el secretario de Estado de Justicia ha asegurado que el Gobierno no lo va a hacer, “es muy drástica la medida, pero, evidentemente, las opiniones que se manifiesten son todas respetables”, concluyó.