Una de las herramientas normativas que posee el ejecutivo para poder dar soluciones a los infinitos problemas que tiene el sector del taxi la encontramos en el RD 3/2018 de 20 de abril, así como en el RDL 13/2018 de 25 de septiembre de este año. Real decreto y Real decreto ley, ofrecen claros y oscuros impidiendo establecer cierta estabilidad sectorial. Porque con, o sin Rd/Rdl, la situación sigue muy revuelta.
Quién iba a pensar que llegada toda esta irrupción tecnológica potenciada desde algunos grupos políticos legisladores por antonomasia, a su vez, iban a encontrar un refuerzo por parte del poder judicial para establecer una modalidad de servicios de igual características que el prestado por el servicio público de taxi. Qué tipo de competencia es la que les están haciendo ver a los ciudadanos para que cambien sus hábitos en los desplazamientos urbanos, acaso es, esa nueva competencia especializada en el low cost como servicio bueno, bonito y barato. Quién abre la posibilidad de que está modalidad haya rebasado la línea roja irrumpiendo en el mercado del servicio público de transporte realizado en auto-taxi. Límites cuyas fronteras entre actividades las delimita la (Lott) Ley de ordenación de los transportes terrestre y su desarrollo reglamentario a través del (Rott) Reglamento de ordenación de los transportes terrestres.
Las constantes presiones que se han efectuado a Fomento por parte del taxista mediante manifestaciones, reivindican que se cumpla la ley, y por otro lado, las empresas de VTCs visitando los despachos, fuerzan a romper la proporcionalidad 1/30, intentan eliminar los ratios en el número máximo establecido de vehículos automóviles de turismo por el porcentaje de habitante de derecho en una población, sumado a que buscan en la normativa la eliminación de cualquier requisitos a su actividad, nos pone en una situación que a futuro va a traer alguna consecuencia negativa.
Independientemente del actual y grave problema en el que nos han metido. Nos hacemos muchas preguntas: cómo es posible que, a día de hoy, aún no tengamos reconocido las enfermedades profesionales ni los riesgos que conlleva esta profesión, por qué no podemos jubilarnos a los 60 años como otros profesionales dentro del mismo sector de transporte (aquí no existe la igualdad). Nos han impedido por todos los medios puestos al alcance de los poderes políticos legislativos, que el profesional del taxi abandoné la idea de mejorar la prestación de los servicios públicos de transporte de viajeros en autotaxi, como puede ser; con la creación de un Consejo Operador Logístico, o de un Instituto Madrileño del Taxi, también de un Colegio Profesional o por ejemplo desde un Consorcio Regional del Taxi que unifique la prestación de los servicios, y todo esto, reflejado dentro de una Ley específica que nos brindase de seguridad jurídica y afianzamiento del carácter de servicio público de transportes, el cual venimos desempeñando en toda las ciudades pueblos y comarcas de nuestro Estado español desde hace más de 108 años en la versión motorizada y cuatro siglos y medio desde que se otorgó la primera licencia.
Ahora bien, lo que sí nos han enseñado y hemos aprendido en este colectivo, es cuanto discurso político dispar y vacío de contenido existe en la Cámara de los Diputados (estatal y autonómica) que vienen a enredar las diferentes competencias en materia de transportes, que tienen asumidas propias y por delegación cada organismo dentro de ese juego establecido entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, sin olvidarnos del poder judicial como última instancia. El Estado desarrolla un RDL que, a su vez, se encierran en banda ciertas CCAA, que dentro de sus competencias no quieren asumir su rol. Difícil situación para poder solucionar este conflicto con los VTc,s ya que nos encontramos con la Comunidad de Madrid que ni quiere, ni pretende regular una materia que distorsiona el mercado, a sabiendas de que realizan una competencia desleal que desestabiliza el sistema común del transporte en la región madrileña, y por último, pone en un grave aprieto a los Ayuntamientos que son quienes tienen la misión de ordenar y regular los espacios públicos a través de medidas de circulación, tráfico y medioambiente.
Existen claros y oscuros entre el convalidado RD 3/2018, de 20 de abril, desarrollado por Fomento en la etapa del PP, respecto al último aprobado RDL 13/2018, de 25 de septiembre, desarrollado de igual manera por Fomento con el actual gobierno del PSOE y los apoyos de otros grupos parlamentarios. La base común entre el primero y el segundo en su exposición nos descifran el incremento exponencial existente del número de autorizaciones de arrendamiento con conductor, -que no podía ser inicialmente previsto por la Administración competente-. Es decir, es la propia administración (gobierne quien gobierne), quienes tienen perfecto conocimiento de haber dejado que este incremento tan desmesurado de autorizaciones Vtc,s conlleve un peligro en la efectividad de las políticas locales destinadas a racionalizar la prestación del servicio público de transporte en vehículos de turismo en el ámbito urbano y metropolitano, realizado por el sector del taxi, cuya consecuencia está generando una situación de conflicto y a su vez amenaza con tener una repercusión sobre los propios usuarios de los servicios. Por consiguiente, qué extraño juego político existe en la Comunidad de Madrid cuándo las exposiciones tanto del RD en la etapa del PP como ahora el actual etapa del PSOE con el RDL, la Comunidad de Madrid se pone de perfil para regular los VTCs.
Llegado a este a esta situación por la omisión cometida, el legislador anterior, ante hechos pasados, siente la necesidad de compatibilizar la conexión de las condiciones de ejercicio de la actividad de los Vtc,s y de transporte público interurbano en vehículos de turismo, con la regulación aplicable en el transporte urbano en la modalidad realizada por el taxi. Es decir, permite adaptar la aplicación de las normas dictadas en el ámbito autonómico y municipal para regular el transporte público de viajeros en vehículos de turismo efectuado por el taxi, con el régimen aplicable a los Vtc,s y de transporte público interurbano en vehículos de turismo regulado por el Estado en el ejercicio de sus competencias, -a falta de las CCAA-, por lo que busca la aplicación de un régimen único en todo el territorio nacional. Y aquí, ninguna empresa de Vtc y su Patronal se liaron en solicitar indemnizaciones por el perjuicio que pudiera ocasionar este RD 3/2018. Está claro que, aunque busquen eliminar ciertas restricciones, este hecho de conexión les beneficia porque lo que se trata es de igualar las dos modalidades para que entren en competitividad entre ellas. Y aquí nos gana la partida, pues los Vtc,s lo tienen asegurado, porque quienes están detrás de todos esto, son las supuestas aplicaciones disruptivas o plataformas extractivas, quienes han creado un modelo de negocio que este fuera de control de las administraciones. Por eso no apostaron por el sector del taxi, ni aquí en España ni en el mundo entero. Para ellos, el sector del taxi es una flota sobredimensionada a extinguir.
Por eso, nos extraña la postura adoptada por la Comunidad de Madrid a través de la Consejería de Transportes (Dirección General de Transportes), de no hacer nada al respecto, en relación con el RD 3/2018 y menos aún con el RDL 13/2018, pues posibilitan que a través de la Conferencia Nacional de Transportes como órgano consultivo y deliberante para promover y facilitar acciones coordinadas entre el Estado y las CCAA puedan asegurar el mantenimiento del sistema común de transporte en todo el Estado, donde a su vez, se pueda establecer una situación de equilibrio, que evite el peligro inminente anteriormente comentado, producto de los pronunciamientos judiciales que abrieron el caballo de Troya, para el otorgamiento masivo de VTCs.
Con el gobierno del PP, se reforzó en este RD la proporcionalidad 1/30, una proporcionalidad que actualmente dista mucho de esa proporcionalidad, pues la misma está rota por todos los lados, encontrándonos en Madrid con él porcentaje de 1/6. Una medida que llegó tarde, porque la solución tendría que haberse encontrado en la contingentación, pues ya que se habla tanto de analogía con el taxi, dicha medida situaría las autorizaciones VT,s y Vtc,s calibrarlas por los ratios de población efectiva en cada municipio. De esta manera se hubiese ofrecido la posibilidad de que cada CCAA pudiera establecer el número total de vehículos automóviles que se dedican a prestar servicios en la ciudad, eso sí, cada uno en su modalidad diferenciándose uno del otro, como bien se expone en el preámbulo del Rott que perfila con nitidez la actividad de los Vtc,s, realizando su necesaria distinción de los servicios de taxis. Hoy estos vehículos siguen cometiendo una supuesta ilegalidad, al rebasar la línea roja establecida en cada modalidad, una falta de respeto hacia las normas, y mientras tanto, desde algunos cargos público callan… Hoy el taxi regulado y la Vtcs sin regular es una tomadura de pelo en toda regla, al igual que sería los dos si se confecciona una conexión cuyas reglas iniciasen y agravase aún más el problema. El sector del taxi y los Vtcs somos diferentes, somos distintos, siempre ha sido así y ahora más todavía… Continuará.