Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, comunicó al Ejecutivo que “la Iglesia no se opone a la exhumación de los restos mortales” de Franco.
En declaraciones a Europa Press, Santiago Cantera, prior del Valle de los Caídos, ha manifestado que “la comunidad benedictina respetará la decisión de la autoridad civil que en este caso no es el poder ejecutivo, sino la autoridad judicial, como recordó el Tribunal Supremo, ya que existe el derecho a recurrir y solicitar la tutela judicial”.
Este miércoles se conoció que Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, envío el 14 de febrero una carta a Carmen Calvo, vicepresidente del Gobierno, en la que se aseguraba que “la Iglesia no se opone a la exhumacion de los restos mortales del general Franco, si la autoridad competente así lo dispone”.
A este respecto, el prior benedictino ha querido matizar que se trata de “una interpretación parcial y muy particular que se ha hecho y en la que se cita solo una parte del texto”. Así, ha dicho que en un Estado de Derecho “un particular o una institución tienen derecho a verse amparados ante lo que legítimamente pueden considerar que vulnera sus derechos e incluso un derecho fundamental”.
A su juicio, en este caso, “es el Poder Judicial quien decide y sentencia, cabiendo la posibilidad, incluso, de agotar toda la vía de recursos judiciales posibles. Esto es lo propio de un Estado de Derecho”, concluyó.
El Gobierno reconoce que necesita la autorización de la comunidad benedictina que custodia la basílica del Valle de los Caídos para poder acceder a ejecutar la exhumación o, si es preciso, el visto bueno de la autoridad competente, que es el Tribunal Supremo.
Hasta el momento, Cantera, prior de los monjes benedictinos que son los gestores de la basílica y gozan de autonomía, se ha negado al desenterramiento de los restos del dictador. Sobre él solo tienen autoridad Philippe Dupont, abad de la Abadía de Solesmes, y el papa Francisco. Antes de la carta remitida el 14 de febrero, Alessandro Gisotti, director interino de la Oficina de Prensa del Vaticano, afirmó que este asunto “concierne a la familia” del dictador, “al Gobierno español y a la Iglesia local”. Se remitía, así, a lo declarado con anterioridad por la Santa Sede.
En octubre, después de la reunión entre Calvo y Parolin, el Vaticano detalló en un comunicado que no se ponía a la exhumacion de Franco, “si así lo han decidido las autoridades competentes”. Además, aclaraba que no se pronunciaba acerca de la posterior inhumación, por si fuera a ser enterrado en la Catedral de La Almudena. La vicepresidente manifestó entonces su deseo de explorar otras alternativas, también mediante el diálogo con la familia, lo que “pareció oportuno” para el secretario de Estado Vaticano.
Por otro lado, fuentes cercanas al abad de Solesmes han señalado a Europa Press que este asunto no concierne tanto al monasterio como a los familiares, y que es un “problema” entre “el Gobierno español y la familia”. No obstante, matizaron que Dupont “compartirá siempre” la decisión que tome la Santa Sede en “todos” los puntos, apuntando que también se tomará en consideración, por deferencia, la opinión de Carlos Osoro, cardenal arzobispo de Madrid.
Precisamente, el purpurado español ha insistido en que ha dicho todo lo que tenía que decir y que invita al diálogo entre el Gobierno y la familia del dictador. También sostiene que no se opone a acoger los restos en La Almudena: “No tenemos inconveniente en acoger a nadie. La Iglesia ha sabido acoger siempre a todas las personas”, dijo en su momento.
Finalmente, Luis Argüello, secretario general de la Conferencia Episcopal Española, detalló ayer que “es distinto decir que la Iglesia no se opone a decir que la Iglesia apoya la exhumación”. Se refiere con ello a que el Vaticano “reitera que la Iglesia, si se cumple el ordenamiento jurídico y con decisión de las autoridades competentes, no se opone a la exhumación”.
Explicó que “el secretario de Estado, como por otra parte del obispo de la diócesis de Madrid y el abad del Valle de los Caídos, dice que cuando el acuerdo entre el Gobierno y la familia se produce o, si no hay acuerdo, cuando las autoridades judiciales diriman cuál es la decisión final, la Iglesia no se opone”.