Dice que incluyen medidas “electoralistas” y exigen que se “aperciba” al Gobierno.
A través de un escrito, Juan Carlos Vera, diputado del Grupo Popular, ha interpuesto una reclamación ante la Junta Electoral Central, JEC, para que se suspendan “durante del proceso electoral las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros”. No descartan llegar al Tribunal Constitucional. Según dice el PP, el Gobierno incluye medidas “electoralistas” en las comparecencias ante los medios y solicita que se “aperciba” al Ejecutivo ante la posibilidad de ser sancionado con una multa que puede llegar a los 3.000 euros al tratarse de autoridades o funcionarios.
Según el escrito, Pedro Sánchez y el Consejo de Ministros incumplen y vulneran “la normativa de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, LOREG, al aprobar y difundir en toda clase de medios institucionales y redes sociales la aprobación de unos Decretos-Leyes de marcado contenido político y social que van a influir de forma electoral en el criterio a tomar por los electores”.
Pablo Casado, líder de los populares, ha venido criticando en los últimos días que el Gobierno esté recurriendo a decretos y tenga la intención de que sean convalidados por la Diputación Permanente con las Cortes ya disueltas. Desde su punto de vista, es evidente que está “instrumentalizando” las instituciones. “Y tienen la desfachatez de ponerle el eslogan de los viernes sociales. Esto no es Venezuela, es España en el siglo XXI”, espetó el pasado lunes. Por el momento, van a recurrir a la Junta Electoral pero no descartan una denuncia ante el Tribunal Constitucional.
El PP señala que ante las ruedas de prensa posteriores a los Consejos de Ministros, los medios “han hecho expresión del carácter electoralista de este proceder por parte del Gobierno, que además no se ajusta a la extraordinaria y urgente necesidad que depara a estos instrumentos legislativos provisionales el artículo 86 de la Constitución”.
Recuerda que la LOREG determina que una vez convocadas las elecciones y disueltas las Cámaras y hasta la celebración de los comicios “queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos”, ello enmarcado dentro del “deber de neutralidad electoral” exigido a los poderes públicos.
Desde los populares se entiende que esta campaña de “aprobaciones y su difusión tiene un claro tinte electoralista y puede condicionar la formación de la voluntad de los electores ante los comicios del próximo 28 de abril”.