El Parlamento aprueba poder cerrar webs sin autorización judicial

El Parlamento aprueba poder cerrar webs sin autorización judicial

Se reforma la Ley de Propiedad Intelectual para acabar con la piratería en Internet.
Ayer, la Comisión de Cultura del Congreso aprobó por unanimidad las medidas que reforman la Ley de Propiedad Intelectual para acabar con la piratería, entre ellas el cierre de webs sin necesidad de autorización judicial e iniciativas para un mayor control de las entidades de gestión de derechos. Se pretende, así, limitar las prácticas ejercidas por casos como La Rueda de las televisiones, con lo que la SGAE no podrá repartir más allá de un 20% de lo recaudado por cada autor por la misión de sus obras en horario nocturno.

Ahora, la propuesta pasará al Senado para su validación. La principal modificación reside en el artículo 195 de la ley, por la que se fijan que “la ejecución de la medida de colaboración dirigida al prestador de servicios, con independencia de cuál sea su naturaleza, no requerirá la autorización judicial prevista en el artículo 122 bis de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa”.

De este modo, el cierre de las webs quedará bajo la jurisdicción de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual. Por tanto será decisión de un órgano ejecutivo y no de uno judicial.

Las distintas modificaciones fueron pactadas por PP, PSOE y Ciudadanos, pero también se ha sumado a una decena de enmiendas Unidos Podemos. Entre ellas, cabe destacar las referidas para la negociación de tarifas entre usuarios de la propiedad intelectual, como son radios y televisiones, y las entidades de gestión, SGAE, AIE o AGEDI y se incluye una regulación para el caso de que haya desacuerdo entre las partes.

De este modo, con la nueva ley, los usuarios deberán pagar el 100% de la última tarifa acordada, o, si no hay acuerdo anterior, el 50%. En concreto, el texto dice: “Hasta que se resuelva el conflicto, se entenderá, provisionalmente, que la obligación de pago ha sido cumplida y, en lo que se refiere al derecho exclusivo que pudiera ocurrir con el derecho de remuneración, concedida la autorización para el uso de ese derecho exclusivo”.

Se cambia sus estatutos y sus órganos internos. De este modo, queda fijado que aquellas cuya recaudación anual sea igual o superior a 100 millones de euros en el ejercicio anterior, tendrán la obligación de nombrar como miembros del organismo de control al mismo número de terceros independientes que el de miembros de la entidad de gestión integrados en ese órgano.

Asimismo, el régimen de voto queda modificado en los estatutos de forma que no estará permitido que se concentren mayorías en poder de un número reducido de miembros, si esto coarta la libertad y actuación de la asamblea general o la democracia interna.

A ello hay que añadir que los titulares de derechos que pertenezcan a empresas usuarias no podrán ocupar puestos en los órganos de gobierno ni participar en la toma de decisiones en las que pudiera darse un conflicto de intereses.

La norma también busca acabar con actividades como la rueda de las televisiones, una trama formada por varios socios de la SGAE que registraba fraudulentamente modificaciones de obras originales libres de derechos sin variación alguna de las auténticas y se emitían en programas de televisión.

La modificación de la norma establece que las entidades de gestión deberán fijar máximos de reparto, de forma que ninguna obra reciba cantidades desproporcionadas en cuanto a los rendimientos comerciales o de audiencia producidos durante su explotación. Más concretamente, no se podrá superar el 20% del total recaudado por un caso sobresaliente cuando su difusión se lleva a cabo en horarios en que el uso de las obras y prestaciones protegidas sea testimonial al haber una ausencia de audiencia significativa.

Todos los grupos parlamentarios han destacado el buen clima y la actitud de diálogo y consenso durante los meses de trabajo de esta reforma. Sin embargo, Unidos Podemos, ha advertido de que debe llevarse a cabo una reforma integral que no incurra en la presunción de culpabilidad relacionada con las novedades tecnológicas. De ahí que Eduardo Maura, portavoz de Cultura de la formación morada, ha demostrado su disconformidad con el sistema propuesto para el cierre de las webs plasmado en el artículo 195.

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