Se refuerza también la responsabilidad de los obispos o miembros de instituto de vida consagrada para advertir de cualquier sospecha.
Hasta junio de 2020 es el plazo de un año que ha dado el Papa para que todas las diócesis del mundo implementen un sistema de forma que cualquier persona pueda denunciar casos de abusos. Así ha quedado reflejado en el Motu proprio Vos estis lux mundi publicado ayer en el que se establecen las normas a este respecto y se refuerzan, también, las responsabilidades de obispos y miembros de vida consagrada para que adviertan con “prontitud” de cualquier sospecha. El plazo comienza el próximo día 1.
De este modo, las diócesis y otras dependencias eclesiásticas locales “deben establecer, dentro de un año a partir de la entrada en vigor de las presentes normas, uno o más sistemas estables y fácilmente accesibles al público para presentar los informes, incluyendo eventualmente a través de la creación de un oficio eclesiástico específico”. En un plazo no superior a 90 días deberá resolverse la investigación de la denuncia.
Según detalla Andrea Tornielli, Director Editorial del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede, “la normativa no especifica en qué consisten estos ‘sistemas’, para dejar a las diócesis la opción operativa, que puede ser diferente dependiendo de las diferentes culturas y condiciones locales. Lo que se quiere es que las personas que han sufrido abusos pueden recurrir a la Iglesia local con la seguridad de que serán bien recibidas, que estarán protegidas de las represalias y que sus informes serán tratados con la máxima seriedad”.
La norma abarca todos los rangos de edad, no solo a menores, sino también adultos que hayan podido sufrir o sufran abusos o violencia, como puede ser a religiosas por parte de clérigos, o el acoso a seminaristas o novicios mayores de edad. Asimismo, casos de posesión o uso de pornografía infantil y el encubrimiento ante estas situaciones.
Se trata de una norma que hace referencia directa a los encubridores, puesto que se citan expresamente aquellas conductas, acciones u omisiones que pretendan interferir o eludir investigaciones civiles o investigaciones canónicas, así como administrativas o penales, contra un clérigo o un religioso por parte de altos cargos de la curia, como cardenales, patriarcas, legados del Romano Pontífice, obispos, clérigos de gobiernos pastorales o miembros de institutos de vida consagrada.
A partir de ahora, la obligación de “informar con prontitud” a la autoridad eclesiástica se convierte en un precepto legal universal, cuando anteriormente hacía referencia, en cierto modo, tan solo a la conciencia individual. Cabe destacar que también se anima a los laicos a usar el sistema de denuncia de abusos y acosos, aunque la obligación solo afecte a clérigos y religiosos.
Tornielli matiza que “la obligación de informar al ordinario del lugar o al superior religioso no interfiere y modifica ninguna otra obligación de informar que pueda existir en las leyes de los respectivos países: las normas, en efecto, se aplicarán sin perjuicio de los derechos y obligaciones establecidos en cualquier lugar por las leyes del Estado, en particular las relativas a las obligaciones de información a las autoridades civiles competentes”.
Además, el papa Francisco manda expresamente al arzobispo metropolitano que investigue en el caso de que la persona denunciada sea un obispo. Con carácter general, se establece que el responsable de la investigación envíe en 30 días al Vaticano “una relación informativa sobre el estado de las investigaciones”. Ésta deberá “concluirse en el plazo de 90 días”. No obstante, se prevén posibles prorrogas por razones justas. Los responsables jurídicos tendrán la potestad de imponer medidas preventivas y restrictivas a la persona investigada con carácter inmediato en cuanto los resultados de la investigación lleguen a al Santa Sede.
Según detalla el Director Editorial del Dicasterio, “la acusación solo debe ser notificada si se abre un procedimiento formal y, si se considera apropiado para garantizar la integridad de la investigación o de las pruebas, puede omitirse en la fase preliminar”. Asimismo, se establece que para llevar a cabo las investigaciones los responsables quedan habilitados para recabar la ayuda de “personas cualificadas”, en función de “la necesidad del caso y, en particular, teniendo en cuenta la cooperación que pueden ofrecer los laicos”.
El Sumo Pontífice católico determina que las “autoridades eclesiásticas” se deben “comprometer” con quienes aseguran haber sido afectados, así como con sus familias, para tratarlos con dignidad y respeto, y ofreciéndoles acogida, escucha y seguimiento, e incluso, servicios específicos, como atención espiritual, médica, terapéutica y psicológica. Pide expresamente que la imagen y la esfera privada de aquellas personas que están implicadas y sus datos personales queden protegidos.
Por su lado, para el cardenal Marc Ouellet, prefecto de la Congregación para los Obispos, estas nuevas normas rompen con cualquier “clericalismo” o “elitismo”. En una entrevista divulgada por los medios de comunicación del Vaticano subraya que durante años han dicho que “los sacerdotes deben adecuarse a ciertas reglas estrictas y ¿por qué los obispos y otros en la jerarquía eclesiástica no deberían hacerlo?”. “No se pide a los obispos más de lo que ya se ha pedido durante años a los sacerdotes”, destacó.