El pacto de Colón mete a la ultraderecha en los ayuntamientos por primera vez en democracia

El pacto de Colón mete a la ultraderecha en los ayuntamientos por primera vez en democracia
Hasta el famoso acuerdo tripartito de Andalucía, España era el único gran país de la Unión Europea sin la ultraderecha en las instituciones. Ayer se dio un paso definitivo.
VOX no llegó al 3% de los votos en las pasadas elecciones municipales, pero, sin embargo, sus 530 concejales son definitivos en no pocos sitios. Esto le abre la puerta a entrar en los gobiernos, de una forma o de otra, sin que haga falta una visibilidad prematura, pero influyendo en políticas contra los migrantes, las personas homosexuales o los derechos de las mujeres.
En Madrid la ultraderecha presidirá juntas de distrito. Previsiblemente está cerrada su participación en Chamberí, Salamanca y Usera. Y entrarán en organismos municipales desde donde ejercerán su influencia. Harán valer su peso para que el nuevo alcalde de Madrid, Almeida, sea rehén de VOX durante toda la legislatura.
En El Ejido VOX tendrá cuatro concejalías, así como en otros sitios. Pero su visibilidad es menor que el ruido que montan y la capacidad para infiltrarse en las instituciones con cierta efectividad, entre sombras, ocupando espacios que antes eran destinados a la democracia. Una situación verdaderamente llamativa sobre todo por el tenor de sus propuestas.
Propuestas que van desde llevar el Orgullo Gay a la Casa de Campo o poner un teléfono para hijos que denuncian a sus madres alcohólicas (debe ser que los padres no beben). Porque lo que les importa, seguramente, no sean las propuestas, sino ocupar el poder previniendo etapas de mayor crecimiento y presencia.
Para ello les ha sido de mucha utilidad la delación del Partido Popular, organización que se ha dejado arrastrar por los nuevos fascistas de aspecto pijo. Y, peor aún, el coste que soportarán los de Ciudadanos, capaces de traicionar a sus principios con tal de ocupar una silla más o menos. Traición a sus antiguos y supuestos valores, a sus electores y a sí mismos, tal como ha denunciado Le Monde, Valls, Carreras y tantos otros.

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