El caso está a punto de llegar al Consejo General del Poder Judicial.
Una situación que no puede obedecer a un simple retraso administrativo, sino que sobrepasa los límites del escándalo. ¿Cómo es posible que no se ejecute una sentencia firme de hace trece años? Este periódico trató de ponerse en contacto infrutuosamente con los responsables judiciales.
El caso propiamente dicho se remonta a 19 años atrás. Una construcción fuera de la legalidad perjudicó sobremanera al demandante, un conocido hostelero de la Sierra de Madrid, cuya empresa Villa de Navacerrada SL, situada en dicha localidad, sufría las consecuencias de una obra vecina totalmente inapropiada. Tras invertir tiempo y dinero en abogados llegó el día en el que la Justicia le dio la razón.
Seis años después, hace ya 13 años, el Juzgado número 2 de Colmenar Viejo dictó sentencia firme y ejecución 264/06. En ese sentido el fallo está en la secretaría judicial y en manos del propio juez. Numerosas han sido las súplicas del demandante para que ejecute la sentencia. ¿Qué es lo que ha ocasionado un retraso tan escandaloso?
Se trata de una ejecución ordenada por una instancia superior y que paradójicamente no resuelve el Juzgado de Colmenar Viejo. Efectivamente, la Sección 21 de la Audiencia Provincial de Madrid les dio la razón a los demandantes en sentencia firme y, a continuación, ordenó ejecutar la sentencia al Juzgado de Colmenar Viejo en 2006. El escándalo que está llegando al Consejo General del Poder Judicial es que doce años después dicha orden no ha sido resuelta, acatada y ejecutada por el Juzgado de Colmenar.
Los demandantes llegaron a consignar un dinero para perito tasador, profesional al que ni le han dado la cantidad depositada, ni le han llamado, ni, por lo tanto, ha podido tasar la ejecución. Los demandantes, desesperados, llevan 13 años registrando escritos demandando una solución.
Este periódico, junto a otros, se está dirigiendo ya al Consejo General del Poder Judicial pidiendo explicaciones por una situación de un retraso tan grave que genera un claro perjuicio a los ciudadanos en forma de indefensión.