Abre una pieza secreta, la novena, en el marco de la operación Trampa.
Manuel García Castellón, juez de la Audiencia Nacional, ha ordenado a la Policía Nacional el registro de las instalaciones de la publicación digital moncloa.com y elconfidencial.com para que entreguen todo el material relacionado con la contratación del BBVA al Grupo Cenyt, propiedad de José Manuel Villarejo, relacionado con la operación de asalto de la constructora Sacyr al banco.
Es un nuevo atentado de la Justicia a la libertad de prensa y de información consagradas por la Constitución, a pesar de que en la orden del juez detalle que la petición del material se dice “sin perjuicio del derecho constitucional” y “en orden a la protección de la fuente de obtención del material tanto del ya publicado como del que se encuentre pendiente de publicación”.
Además, el Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional abre pieza secreta en el marco de la operación Trampa y reclama el material publicado los días 9 de enero y siguientes, así como lo que aún no haya sido publicado y esté en poder de los medios de comunicación.
Así, según ha consultado Europa Press, moncloa.com estaría recopilando el material requerido por el juez y que constaría de unos 4.000 documentos entre audios, fotos y otro tipo de pruebas. También, elconfidencial.com ha recibido de la Policía el requerimiento con el mismo fin.
La investigación se centra en el material publicado por estos diarios digitales y otros medios de comunicación en el que quedaría acreditado que el BBVA, entonces presidido por Francisco González, contrató a la empresa propiedad de Villarejo, Cenyt, para llevar a cabo labores de información acerca de las operaciones de Sacyr y el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, entre otros, para asaltar el poder del consejo de administración de la entidad bancaria.
En un principio, el medio digital publicó documentos que acreditaban la existencia del contrato y, posteriormente, desveló que, junto a Julio Corrochano Peña, responsable de seguridad de su empresa, Villarejo acometió investigaciones que incluían pinchazos telefónicos de alrededor de 4.000 números y 15.000 llamadas intervenidas, entre ellas, de Miguel Sebastián, entonces director de la Oficina Económica de La Moncloa, y de María Teresa Fernández de la Vega, ex vicepresidente primera del Gobierno.
Asimismo, figuraban pinchazos a medios de comunicación, ejecutivos de otras entidades y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV. Ayer se publicaron varias fotografías que certificarían los seguimientos físicos a Carlos Arenillas, entonces número dos del organismo regulador.
Carlos Torres, actual presidente del BBVA, envío una carta interna dirigida a la comunidad de la entidad financiera en la que admite que el Grupo Cenyt fue contratado. Se abrió una investigación interna en junio, tras la cual “no se ha encontrado ninguna documentación que refleje el seguimiento e intervención de comunicaciones privadas”, como las que menciona moncloa.com.
Esta operación Trampa es la novena pieza separada del caso Tándem en el que se investiga la actividad, presuntamente ilicita, del ex comisario, sospechoso de delitos de organización criminal, cohecho, extorsión y blanqueo.
No es la primera vez que sea atenta contra la libertad de información y de prensa por parte de la Justicia española. La última vez fue en diciembre del pasado año, cuando el juez instructor del caso Cursach ordenó la entrada y registro de la agencia Europa Press y Diario de Mallorca en Palma, incautándose, entonces, teléfonos móviles, ordenadores y documentación de los periodistas baleares, con el pretexto de la investigación de un supuesto delito de revelación de secretos referentes a la difusión de noticias sobre el caso.