El jefe de la policía judicial define como «periodo insurreccional» lo sucedido en Cataluña el 1-O

El jefe de la policía judicial define como "periodo insurreccional" lo sucedido en Cataluña el 1-O

Declaró ayer en el juicio por el proceso independentista.
Durante la sesión de ayer del juicio al procés que se sigue en el Tribunal Supremo, Daniel Baena, teniente coronel de la Guardia Civil y jefe de la policía judicial al cargo de la investigación sobre la organización del referéndum del 1 de octubre de 2017, declaró que el tiempo que pasó en Cataluña a partir de la actuación en Unipost fue un “periodo insurreccional”, en especial desde los registros del 20 de septiembre y hasta la aplicación del artículo 155 el 28 de ese mismo mes: “Aquello era literalmente un polvorín”, aseguró.

Baena hizo hincapié en que hubo un antes y un después en el entorno que rodeaba las investigaciones de su equipo por orden de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, desde noviembre de 2015, y, posteriormente, por las diligencias iniciadas en marzo del 2017 por Juan Antonio Ramírez Sunyer, juez de Barcelona. “Detectamos las cartas de Unipost y ahí ya fue un golpe duro”, indicó.

Al día siguiente, a raíz de la operación del 20 de septiembre, tuvieron que montar un dispositivo especial para que no se conocieran con anterioridad los registros y que pudieran ser “difícilmente obtenibles” las pruebas que se buscaban. “A partir de ahí nos poníamos en un clima que podríamos calificar, por objetivos y por número de acciones, de insurreccional”, relató al tribunal.

Así, hubo un total de 88 actuaciones contra la Guardia Civil en tan solo los dos días anteriores al 20-S. También, 84 desde ese día hasta la aplicación del artículo 155 y dos más después de ese momento. Contra la Policía Nacional hubo 25 acciones y escraches, 23 de ellas en el “período insurreccional”, y solo dos contra los Mossos d’Esquadra.

El teniente coronel respondió a la fiscal Consuelo Madrigal diciendo que el periodo de “máxima conflictividad” fue entre el 20 de septiembre y el 3 de octubre de 2017, el día del “paro del país”, periodo en el que se contabilizaron 47 escraches en casas cuarteles de la Guardia Civil, donde hay niños, destacó, y añadió que en uno de los casos se llegó a arrojar una prenda con líquido inflamable, en Igualada, Barcelona.

Lo que más abundó a partir de la aplicación del 155 fueron los cortes en carreteras y vías férreas, hasta un total de 193. En cambio, la respuesta encontrada cuando iban a las sedes de la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural a partir de ese momento fue una resistencia ciudadana menor que la encontrada en jornadas anteriores.
El testigo señaló que “los tres cuerpos policiales coincidíamos que era un polvorín, eso era incuestionable”. “Aquello era literalmente un polvorín. Los policías con un mínimo de responsabilidad sabíamos que cualquier incidente pequeño podría derivar en una escalada incontrolable y, afortunadamente, no fue así”, destacó. Además, el referéndum no era tan solo el objetivo, sino “la piedra angular sobre la que pivotaba todo un proceso, la condición sine qua non para la declaración de independencia o para poner al Estado en una situación de conflicto”. De toda la investigación se extrae “la unidad de propósito de los actores implicados”.

Durante su declaración, Baena indicó que las diligencias ordenadas por Ramírez Sunyer en diferentes sedes del Govern el 20-S se realiza un satisfactoriamente, aunque se tuvieron llevar a cabo “acciones extraordinarias de seguridad”. Llegado a este punto, ha sido cuando ha revelado un hecho inédito hasta el momento: el juez ordenó emplear la fuerza ese día si se hubiera visto comprometida la seguridad e integridad física de los componentes de la comisión judicial. “Lo valore, pero no lo adopte porque no sé llego a entrar dentro de la Consejería”, zanjó acerca de esta cuestión.

a lo largo de su testifical, el oficial de la Guardia Civil ha corroborado las líneas de investigación presentadas ante el Juzgado de Instrucción número 13 Barcelona acerca de los encargos de la Generalitat con el fin de celebrar el referéndum ilegal del 1 de octubre. Entre ellos, el reparto de cartas certificadas para conformar las mesas electorales incautadas en unipost, la elaboración de campañas de publicidad para animar a votar o el desarrollo del soporte informático para el escrutinio del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de Información.

En relación a este último aspecto en concreto, el 30 de septiembre y el 1 de octubre el Instituto Armado desmontó 15 aplicaciones vinculadas a la consulta, lo que motivó que la Generalitat activara el censo universal. A ese respecto, el testigo señaló que uno de sus subordinados le comento que el día 1 Joan Angulo, director del Centro, recibió una llamada de Carles Puigdemont pidiéndole explicaciones por los problemas informáticos, a lo que respondió que seguía las instrucciones de los agentes de la Guardia Civil que estaban con él.

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