El retraso, según el Ejecutivo, es consecuencia del “obstruccionismo” que se está ejerciendo desde la familia del dictador.
Isabel Celaá, portavoz del Gobierno y ministra de Educación y Formación Profesional, ha reconocido que ve “un poco difícil” que antes de las elecciones generales del 28 de abril se pueda ejecutar la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos.
Además ha trasladado, en una entrevista ofrecida a Europa Press, que los retrasos de todo el procedimiento se deben a la actitud de “obstruccionismo” que está llevando a cabo la familia del dictador y su entorno más cercano.
“Está claro que es un procedimiento absolutamente garantista y el Gobierno quiere actuar con todas las de la ley porque tiene un gran respeto a lo que está haciendo y porque está trabajando dentro de lo que es el Estado de Derecho y, por tanto, vamos a respetar todos los plazos”, ha subrayado. “Si hemos podido esperar hasta aquí, esperaremos hasta el final de los plazos”, ha incidido.
Cuando el próximo 29 de abril el Gobierno esté en funciones, el procedimiento seguirá avanzando (si no lo paraliza la justicia) porque “el Ejecutivo tiene facultad de poder hacerlo”, ha subrayado Celaá. La ministra ha manifestado que la orden de exhumación del dictador es un mandato del Parlamento de 2017, que fue desarrollado en un real decreto ley y convalidado por el Congreso el pasado año.
“Un país democrático no puede seguir manteniendo a un dictador en un lugar de exaltación pública”, ha dicho Celaá para explicar la decisión del Ejecutivo de exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos para reinhumar sus restos en un lugar donde no pueda ser exaltado.
Por otra parte, la ministra ha admitido que, en el momento en que el Gobierno tomó la decisión de iniciar el procedimiento, no se pensó en la oposición que se ha creado.
“El entorno de dictador está procediendo a buscar medidas que obstruyan el final del recorrido. De todo eso no fuimos capaces de percatarnos. Pensamos que la familia sería razonable y no solo la familia, sino la Fundación Franco y todos los que rodean la figura del dictador y su memoria”, ha reconocido.
Por otra parte, un juzgado de Madrid, esta semana, ha suspendido cautelares del permiso de obras presentado para retirar la lápida y exhumar los restos de Franco que tenía el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial. Existe un plazo de tres días para que el Consistorio pueda alegar y el Ejecutivo espera que el juez dicte una resolución favorable una vez haya sido escuchado.
De todos modos e independientemente de cómo finalice el recurso, la familia y su entorno han mostrado su intención de recurrir ante el Tribunal Supremo la orden de exhumación, entonces la última palabra la tendrá el Supremo que puede incluso suspender el procedimiento del Gobierno.